La palabra democracia, frecuentemente mencionada en conversaciones, noticieros, conferencias o discursos, y escrita en periódicos, revistas y libros, tiene el significado literal de gobierno del pueblo.
La mayor parte de las veces es usada esta palabra en la propaganda política con la finalidad de inducir al convencimiento de que los políticos aspirantes a ser elegidos, o el gobierno, o los gobernantes de una nación, piensan y sienten, o están obrando, conforme a los deseos y a la voluntad de la mayoría de los electores, o, por lo menos, conforme al bien común, que es el particular modo como estos personajes dicen entender lo que más conviene a la nación.
Pero ese no es el sentido natural en el que puede entenderse racionalmente el concepto democracia; por el contrario, es la deformación que desnaturaliza este concepto. Desde hace mucho tiempo, y en todas las naciones, esa deformación ha sido utilizada por las oligarquías plutocráticas para conservar el dominio político sobre la población.
La aclaración del sentido natural de la expresión democracia es supremamente necesaria para comenzar la búsqueda del conocimiento que los Voluntarios Demócratas van a comunicar y a poner a disposición de la gran mayoría de los ciudadanos, en toda la nación, con la finalidad de que puedan utilizarlo en el ejercicio de su poder político y participen en el gobierno del pueblo.
Se considera supremamente necesario hacer esta aclaración porque desde hace mucho tiempo, y en la actualidad, la deformación del concepto ha prevalecido y prevalece sobre el sentido natural del mismo, debido a que ha sido impuesta por la propaganda, está insertada en la tradición y las costumbres políticas y ha quedado establecida en el ordenamiento jurídico. En esas circunstancias, el sentido natural de la democracia, o gobierno del pueblo, permanece oculto y es desconocido por la gran mayoría de los ciudadanos. Por tanto, la búsqueda del conocimiento de la democracia tiene que emprenderse desde este punto.
Sea lo primero anotar que el modo de gobierno actualmente existente en Colombia no es democracia sino oligarquía plutocrática; veamos el porqué:
1.- Los ciudadanos eligen a unos funcionarios para que hagan las leyes y eligen a otros para que las ejecuten, las cumplan y las hagan cumplir por medio de la actividad de empleados de la administración pública que son escogidos y nombrados por los funcionarios electos. Se supone que hay democracia por el solo hecho de que los ciudadanos participan en la elección de esos funcionarios votando por los candidatos que más confianza les inspiran, por los que más les agradan, por los que más y mejores promesas ofrecen, por los que proyectan la imagen de tener rasgos de carácter necesarios para el mando supremo, como el autoritarismo, la intransigencia y la severidad, o por los que proyectan la imagen de saber mucho o ser muy eficientes ejecutivos realizadores de ideas.
Este modo de entender la democracia finge y da por sentado que la elección de los gobernantes, hecha por la mayoría de los votos de los ciudadanos, es el verdadero gobierno del pueblo. Pero ahí es donde está la deformación del concepto de la democracia. En esta deformación se cree que el pueblo gobierna cuando elige a los gobernantes por el voto de la mayoría de los ciudadanos y que esa elección es suficiente para cumplir el formalismo de la democracia. Es una ingenua y fácil creencia que se ajusta a la falta de cultura política de la gran mayoría de los habitantes y les engaña respecto a los efectos del ejercicio del derecho a elegir, impidiéndoles comprender que la elección de esos funcionarios con atribuciones de gobernantes no es la forma natural de constituir el gobierno del pueblo, sino la equivocada manera de enajenar o transferir la soberanía popular a favor del reducido grupo de políticos, integrantes de la oligarquía, que están al servicio del mucho más reducido grupo dominante de poderosos de la economía, integrantes de la plutocracia.
Así es como en los procesos electorales más importantes que se realizan dentro del marco de la Constitución Política vigente, como son los de Presidencia y Congreso de la República, los electores no votan por programas de gobierno sino por los candidatos que inscriben los partidos; de este modo, los electores facultan ampliamente a quienes resultan electos para que obren en el gobierno de la nación como mejor les parezca o les convenga.
La consecuencia de este modo de elegir consiste en que en el acto mismo de la elección el pueblo transfiere su soberanía a favor de quienes elige, con lo cual se confirma que la oligarquía es el verdadero sistema de gobierno que existe en la práctica.
2.- Casi la totalidad de los ciudadanos que votan por los candidatos de los partidos políticos no son miembros de esos partidos, únicamente lo son los dirigentes, pero los ingenuos electores se imaginan que son miembros de esas colectividades políticas. En realidad, para muchos la supuesta membresía partidista es muy similar a la relación que existe entre los hinchas y los equipos de fútbol, nada más que emocional y surgida del entusiasmo, aunque en la mayoría de las circunstancias apenas es la actitud interesada de la clientela que rodea a los agentes electorales de barrio o de vereda, los cuales trabajan al servicio de los políticos locales y departamentales en la consecución de votos, prometiendo favores de la administración, repartiendo obsequios y hasta dinero para comprar la voluntad de los electores.
3.- Los partidos políticos existentes en la actualidad son empresas electorales que manejan presupuestos de funcionamiento muy cuantiosos. Los verdaderos miembros de esos partidos son los copropietarios de esas empresas; ellos han heredado sus posiciones dentro del cuadro directivo nacional o dentro de los cuadros directivos departamentales, distritales o municipales, o han sido cooptados para hacer parte de los mismos por haber demostrado su capacidad para obtener votos en la proporción suficiente o por haber acreditado que tienen la confianza de los altos círculos de la economía y de las finanzas y que pueden recibir el apoyo de los inversionistas de capital para financiar los gastos publicitarios de las campañas electorales.
4.- Los enormes costos publicitarios de las campañas electorales excluyen del ejercicio de la política y de la posibilidad de pertenecer a los partidos políticos a los ciudadanos que no tengan recursos económicos para pagarlos, o que no puedan obtener financiación o aportes de ciudadanos pudientes que hagan posible atender esos gastos. Por esta circunstancia, el ejercicio de la política y de los derechos políticos queda reservado al limitado grupo de ciudadanos que puedan disponer de los recursos económicos necesarios para hacerlo.
5.- La supresión de los vicios e inequidades existentes en la actividad política exige cambios en la Constitución Política con el objeto de establecer que el ejercicio de los derechos políticos, realizado por cada uno de los ciudadanos, sea el modo directo y eficiente con el que desarrollen su poder político, y establecer que el ejercicio de esos derechos sea el medio más idóneo para la integración del pueblo como entidad jurídica y política en la que se radique de manera exclusiva la soberanía, o suprema autoridad, y sea la única fuente de donde emane el poder público.
6.- El texto de la Constitución deberá expresar claramente que los ciudadanos son titulares del poder político y deberá asignar al ejercicio de los derechos políticos el carácter de ejercicio de la función democrática. Para este efecto deberá establecer las normas que, dentro del sentido de la democracia, rijan la creación y el funcionamiento de partidos políticos con las finalidades de: hacer posible que todos los ciudadanos estén registrados en el Censo Electoral, puedan fundar o integrarse libremente a colectividades políticas y, dentro de ellas, puedan proponer programas de gobierno o partes de esos programas, o proyectos de reforma de la Constitución, para que sean debatidos y aprobados o rechazados, e igualmente puedan postular candidatos para elegir la representación de sus respectivos partidos en el ejercicio de las funciones de gobierno, de manera que los acuerdos de voluntad política de cada partido sean el resultado del consenso mayoritario del mismo.
7.- El poder político del pueblo se manifestará por medio de los procesos electorales que periódicamente se realicen; esa manifestación tendrá la forma de acuerdo de voluntades políticas de los ciudadanos, mediante el cual se aprobará un programa de gobierno, por mayoría de votos, en cada proceso electoral. Será mayoría electoral por lo menos la mitad más uno del número de ciudadanos inscritos en el Censo Electoral.
El hecho social en el que se manifestará el poder político del pueblo será el de dar apoyo mayoritario electoral a uno de los acuerdos que compitan en el ejercicio colectivo de los poderes políticos de los ciudadanos. Por virtud de ese apoyo mayoritario, el acuerdo que lo obtenga tendrá legitimación constitucional como mandato del pueblo con la finalidad de ser desarrollado por los órganos del poder público. De esta manera, por la vía legítima que señale la Constitución, el poder político del pueblo tomará la forma del poder público.
Así, en la sociedad democrática el gobierno se realizará exclusivamente por el pueblo. La voluntad soberana de esta entidad se expresará en los programas de gobierno que sean escogidos por la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Esos programas obtendrán la condición de mandatos obligatorios que deberán convertirse en leyes de la Asamblea Legislativa y ser luego realizados por medio de los órganos de administración pública, a los cuales corresponderá ejecutar y cumplir las leyes bajo la dirección y el control de los ministros de la Rama Ejecutiva.
8.- Por ser atributo exclusivo del pueblo, la función de gobierno no podrá delegarse a ningún órgano o rama del poder público, ni siquiera a la rama legislativa, a la cual corresponderá redactar y poner en vigencia las leyes, sujetándose fiel y estrictamente a los mandatos contenidos en los programas de gobierno que sean elegidos por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos; tampoco podrá delegarse a la rama ejecutiva, la cual solamente deberá cumplir las leyes y hacer que sean ejecutadas y cumplidas, mucho menos podrá delegarse a los órganos de la administración pública, los cuales apenas serán instrumentos de la ejecución y cumplimiento de las leyes, siempre sujetos a la dirección y vigilancia de la rama ejecutiva.
9.- La reforma de la rama legislativa del poder público deberá fundamentarse en la necesidad de hacer posible que la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos se exprese en forma de leyes de obligatorio cumplimiento; del mismo modo, la reforma de la administración pública deberá fundamentarse en la necesidad de cumplir y hacer cumplir esa voluntad política manifestada en leyes.
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