La conciencia política del pueblo es el hecho social que puede tener origen en las mentes de los habitantes de una nación como reflejo de las condiciones de vida que afrontan. Ese hecho puede desarrollarse por medio de la comunicación hasta manifestarse como modo mayoritario de pensar que los mueve a ponerse de acuerdo en organizar las relaciones de convivencia y crear el orden social de manera conveniente para todas las generaciones presentes y las del próximo futuro.
La circunstancia de que ese hecho social se origine en las mentes de muchos habitantes por efecto de la coincidencia de los pensamientos que les suscita la percepción de las condiciones de existencia de la gran mayoría de ellos, es indicativa de no ser consecuencia de la fantasía ni de la imaginación de uno solo o de un pequeño grupo, sino la exacta interpretación de la realidad en que viven.
Aunque no todos tienen la capacidad mental de ordenar en pensamientos y en juicios explicativos la interpretación del conjunto de percepciones y vivencias originadas en la nación donde habitan, los que sí pueden hacerlo están en capacidad de comunicar a los otros esa interpretación, con el objeto de ayudarles a entenderla y facilitarles la obtención de la conciencia política.
Dada la similitud entre la obtención de ese conocimiento y el estado de la mente cuando sale del sueño, puede dársele el nombre de despertar de la conciencia política del pueblo al proceso en el que la mayoría de los ciudadanos obtiene el conocimiento de las causas de sus condiciones de vida y del modo como puede modificarlas favorablemente. Ese proceso consiste en facilitarles el entendimiento de los motivos que existen para desear el cambio de la organización de la nación y de los motivos que les impulsan a participar activamente en la realización de ese cambio.
Lo básico de este entendimiento es darse cuenta de cómo está organizada la nación y comprender por qué ese modo de organización no es favorable sino perjudicial a la gran mayoría de los habitantes. Esta última parte del conocimiento demuestra los motivos que tienen los ciudadanos para participar en la realización del cambio.
Además de esos motivos, el más poderoso y decisivo consiste en que el cambio solamente puede hacerlo el pueblo, por medio del acuerdo de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos; si no lo hace el pueblo nadie lo hará. Cualquier cambio que prometa hacer el estamento político dominante, o tradicional, nunca llegará a ser real, ni será el verdadero cambio que necesite la mayoría de los habitantes.
El cambio no se efectúa por el hecho de llevar al gobierno y a la administración pública a nuevos políticos que sí inspiren confianza por su honestidad y por su decisión de crear el bienestar y el progreso para las clases menos favorecidas de la fortuna.
La propuesta de obtener el cambio, con ese fácil procedimiento, es el hábil señuelo usado para conseguir votos, que muchas veces presentan en forma de promesas ilusorias y difunden en los grandes medios de comunicación masiva, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, confiados en que la gran masa de ingenuos ciudadanos no se da cuenta de que el enorme costo de esa publicidad indica que detrás de ella están los patrocinadores de las campañas aportando grandes sumas de dinero y en ambiciosa expectativa de ganancias.
Otras veces la misma propuesta es el equivocado concepto de políticos bien intencionados pero carentes de suficiente información de la estructura jurídico-política de la nación y del modo como esa estructura facilita, bajo la apariencia de la democracia, el gobierno de la oligarquía plutocrática y tolera la injusticia social, la desigualdad y el desconocimiento y vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes.
Esos noveles políticos, fundadores de nuevos partidos, suponen que es suficiente conseguir la elección de unos pocos congresistas, unos pocos diputados de asambleas departamentales, unos pocos concejales municipales o distritales, unos pocos alcaldes y unos pocos gobernadores, con los que se conforme una minoritaria colectividad, y que de ese modo ya tienen puesto un pie en el poder político y pueden empezar a realizar los cambios. Pero, una vez realizadas las elecciones con los resultados favorables que esperaban y acomodados los candidatos electos en sus puestos, se ven en la obligación de retribuir a quienes les ayudaron a conseguir los votos. Entonces es cuando empiezan a hacer nombramientos burocráticos con la infortunada consecuencia de que esa actuación les ocupa la mayor parte del tiempo y consume la mayor parte de sus energías laborales, reduciendo sus funciones de administración pública al solo juego de las intrigas de la politiquería.
Luego, los esperanzados electores empiezan a observar las primeras frustraciones en las alcaldías y en las gobernaciones, donde todas las buenas intenciones que expresaron los funcionarios públicos, cuando eran candidatos, se estrellan contra la muralla de obstáculos que levantan, del lado opuesto, los concejales, diputados, congresistas y ministros que están unidos en la secreta misión de proteger los intereses económicos de los poderosos patrocinadores de las campañas electorales que los han llevado a esas posiciones. Así, los cambios prometidos se hacen imposibles y la insistencia en realizarlos acarrea a los innovadores funcionarios múltiples acusaciones ante la Procuraduría o la Contraloría, de las que deben defenderse mientras otros de sus opositores se dedican a recoger firmas para revocarles el mandato.
Los equivocados modos de obrar en la administración pública pueden tener origen en no haberse percatado de que la elección popular de un alcalde o de un gobernador no le da poder político a quien resulta electo para ejercer las funciones de su cargo sin sujeción a las leyes; es errónea interpretación de la democracia creer que la elección popular de funcionarios administrativos, como son los alcaldes y los gobernadores, constituye “mandato del pueblo”, que faculta para legislar o para actuar sin tener en cuenta las normas legales o constitucionales.
El estado de derecho instituido en la Constitución Política vigente desarrolla el régimen de legalidad en el que las actuaciones administrativas de los alcaldes están sujetas o subordinadas al marco de la normativa de los acuerdos de los consejos municipales o distritales y las actuaciones administrativas de los gobernadores y de los consejos municipales o distritales están sujetas o subordinadas al marco de la normativa de las ordenanzas de las asambleas departamentales; a su vez, las actuaciones administrativas de las asambleas departamentales están sujetas o subordinadas al marco de la normativa de las leyes del Congreso de la República y las leyes están sujetas o subordinadas al marco de la normativa de la Constitución Política.
Las lecciones de la realidad enseñan que están condenados al fracaso los partidos políticos que pretenden hacer reformas en la administración pública, sin tener el poder político para reformar las leyes, y que los partidos políticos que pretenden reformar las leyes, sin tener poder político suficiente para reformar o cambiar la Constitución Política, no solo están condenados al fracaso, además son culpables de someter a la distracción a sus seguidores en la expectativa de objetivos que no pueden alcanzarse mientras no se cambien las normas que regulan el modo de conformar y de ejercer el poder político del pueblo. Esos dirigentes son culpables de hacer perder tiempo, esfuerzos, energías y esperanzas a sus seguidores, de modo inútil, y de confundirlos y desorientarlos, mientras ellos disfrutan de los beneficios que esas normas conceden a los integrantes del estamento político.
Es una distracción similar a la que sufren los adictos al juego de apuestas en las máquinas que están programadas para que gane el propietario del negocio y pierdan los jugadores; en cada proceso electoral apenas salen elegidos unos pocos dirigentes de esos partidos, pero no se obtienen los resultados esperados por los electores, porque el sistema jurídico político establecido no lo permite. Ese sistema es la máquina programada para que ganen los dueños del negocio. No habrá posibilidades de ganar hasta que no se modifique ese sistema, vale decir, mientras no se haga una nueva Constitución Política en la que se establezcan instituciones de organización social justas, equitativas e igualitarias.
Pero la creación de una nueva Constitución Política de las características mencionadas, realmente democrática, no podrá realizarse hasta que la gran mayoría de los ciudadanos tenga conciencia de que es necesaria, se ponga de acuerdo en lo que mejor le conviene, sepa cómo hacerla legítimamente y quiera hacerla. Estas razones llevan a concluir que el verdadero cambio no puede hacerse antes de que el pueblo tenga conciencia de la necesidad de hacerlo y decida hacerlo, conforme al derecho, comenzando por el principio, que es el cambio de la Constitución Política, para el efecto de instituir la democracia, o gobierno del pueblo, en la que el poder político lo tiene el pueblo y lo expresa por medio del acuerdo de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Cualquier intento de hacer reformas a la Constitución, o de hacer una nueva Constitución en Asamblea Constituyente, antes del despertar de la conciencia política del pueblo, estará expuesto a correr la misma suerte de los procesos electorales que, con la misma clientela política, desde hace muchos años vienen realizándose para servir de disfraz a la farsa democrática.
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