1.- La posibilidad de que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos gobierne a la nación depende de que el progreso de su cultura cívica les haga cambiar de actitud respecto a la política. El cambio se ocasionará cuando ellos salgan del estado de desatención, indiferencia, repudio o temor por los asuntos de interés general, para llegar al estado en el que, por ser titulares de derechos políticos, tomen conciencia de su poder político y de su capacidad para participar en forma decisiva respecto a la organización y al gobierno de la nación.
2.- Para que pueda darse esa nueva actitud deben existir las condiciones jurídicas que pongan de modo igual a todos los ciudadanos en la condición de seres políticos, por cuya virtud tengan el derecho y el deber de ejercer la política con sus opiniones, con el interés por informarse respecto de los asuntos públicos y por participar en la creación de planes y programas de gobierno que den solución a los problemas colectivos o sociales, de tal manera que la verdadera fuente del gobierno sea la caudalosa corriente de opiniones ciudadanas canalizadas en programas de partidos políticos, de los cuales, el que obtenga el apoyo mayoritario electoral sea la legítima expresión de la soberanía popular que, conforme a las normas de la Constitución, constituya el obligatorio origen y la única causa de las leyes que deberán ser redactadas de manera fiel, completa y oportunamente, dentro del respectivo período constitucional de gobierno, para que sean ejecutadas y cumplidas por los órganos de administración pública.
3.- Así, el gobierno de la sociedad por el Pueblo consistirá esencialmente en la diligente actividad de los ciudadanos para acordar libremente programas de gobierno, de los cuales escogerán periódicamente uno en cada proceso electoral, por medio del voto de la mayoría.
Ese programa será mandato obligatorio para los representantes populares que sean conjuntamente elegidos para la finalidad de realizarlo, por lo cual deberán convertirlo fiel y oportunamente en leyes y ejecutarlo totalmente.
El objeto natural de este tipo de gobierno será instaurar y sostener, por medio del Derecho, el orden social en el cual los habitantes del territorio de la nación puedan vivir dentro de las condiciones de libertad, igualdad, equidad y solidaridad. Ese orden social se obtendrá como consecuencia de las condiciones materiales y culturales de existencia que resulten del cumplimiento y ejecución de los programas de gobierno acordados y escogidos por la mayoría de los ciudadanos.
4.- Las condiciones jurídicas que garanticen y aseguren el cambio de actitud de los ciudadanos respecto a la política necesariamente deberán establecerse mediante la creación de una nueva Constitución Política con la cual se instaure la democracia. Para ese efecto, la propuesta de crear esa Constitución con base en el principio de la soberanía popular deberá comenzar por reconocer que el Pueblo es el ente jurídico y político que se integra con todos los habitantes del territorio nacional que tengan la calidad de ciudadanos. En desarrollo de este postulado será necesario reconocer que el Pueblo posee el atributo de soberanía, inherente al poder político, por cuya virtud tiene la condición jurídica de suprema autoridad, la cual ejerce por medio del poder público que de él emana.
5.- El poder político del Pueblo tendrá origen en la suma mayoritaria de los poderes políticos individuales de los ciudadanos que coincidan en un acuerdo de voluntad política. Los poderes políticos individuales estarán instituidos en la Constitución Política en la forma de derechos políticos y los ciudadanos los ejercerán por medio de la asociación en partidos o movimientos, donde se canalizarán las expresiones coincidentes de las opiniones políticas individuales.
Los partidos políticos serán órganos de importancia vital para la democracia, ellos serán los medios en los cuales los ciudadanos expresarán las opiniones y los modos que ellos consideren eficaces para remover los obstáculos que les impidan la satisfacción de las necesidades individuales, o manifestarán las expectativas, las propuestas, las formulas de solución de problemas, las iniciativas de interés público, de progreso y de prosperidad, con las cuales se construirán los proyectos de programas de gobierno. Esos proyectos se discutirán y acordarán en cada partido, por votación mayoritaria, con participación de todos los miembros en asambleas en todo el territorio nacional, en varios niveles de gradación territorial que empezarán en las asambleas de barrio, de veredas, de corregimientos, de comunas, y seguirán en las de quienes fueren elegidos delegados a las asambleas de las localidades, a la asamblea del distrito capital, a las asambleas de los distritos especiales, a las asambleas de los municipios, de los departamentos y a la asamblea nacional de cada partido.
6.- Los programas de gobierno serán la parte esencial de la actividad de los partidos políticos; los grupos de ciudadanos se congregarán alrededor de los programas que ellos mismos acuerden, del modo arriba expresado, y podrán inscribirse como partidos en el momento de obtener el apoyo del número mínimo de seguidores que exija la ley. La finalidad de los programas de gobierno será expresar los fines o las metas que se deben alcanzar en el propósito de conseguir el bienestar general de los habitantes en todo el territorio nacional.
El programa que resulte elegido en cada proceso electoral será el mandato obligatorio del Pueblo que se imponga a los miembros de la Asamblea Legislativa; estos miembros serán elegidos junto con el programa, ellos deberán cumplir el mandato convirtiendo totalmente el contenido del mismo en leyes que deberán ser ejecutadas y cumplidas por los órganos de la administración pública, bajo la dirección y vigilancia de los ministros de la rama ejecutiva.
De este modo, en los procesos electorales que periódicamente se realicen, los programas de gobierno elegidos serán la legítima expresión de la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos, la cual tomará la forma de voluntad soberana del Pueblo y será materializada en las leyes que dirigirán las actividades de los órganos de las ramas del poder público.
7.- A partir de la expedición de las leyes seguirá la etapa de su ejecución y cumplimiento, en la cual se realizarán las obras y los proyectos que se hayan ordenado; esa etapa corresponderá efectuarla a la rama ejecutiva del poder público con el apoyo de los órganos de la administración pública. La característica esencial de las funciones ejecutiva y administrativa será la legalidad, la cual consiste en el fiel cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes, vale decir, en la lealtad al gobierno del Pueblo.
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