1.- Aunque los dirigentes políticos, sociales y económicos colombianos continuamente insistan en difundir la idea de que esta nación es una democracia, y aunque los medios de comunicación masiva repitan todos los días la misma opinión para que quede bien grabada en el público, resulta imposible calificar como democráticos a los gobiernos que desde la fundación de la República han venido sucediéndose en el control del poder político que la rige.
No puede dárseles ese calificativo porque nunca han dirigido la nación de acuerdo con las expectativas, el querer y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que la conforman, ni ha sido democrático el modo de elegirlos, ya que es inveterada la costumbre de tener como mayoría ciudadana a cualquier minoría con mayor número de votos que los de los otros grupos minoritarios y siempre han aparentado desconocer que la verdadera mayoría ciudadana es la que se integra por lo menos con la mitad más uno de los ciudadanos inscritos en el censo electoral.
2.- La verdad que permanece oculta, o hábilmente disimulada por la acción de la publicidad interesada en sostener el régimen oligárquico y plutocrático, es el hecho innegable de que la ausencia de democracia tiene origen en la estructura y el modo de funcionamiento del Estado, así como en las formas de organización política de la nación, establecidos por las sucesivas constituciones políticas que han regido desde el comienzo de la Independencia hasta la actualidad.
El ocultamiento de esa verdad ha servido como medio para engañar a los electores y para seducirlos a votar, prometiéndoles remediar las inequidades que les afectan o solucionar las dificultades que les someten a condiciones deficientes en la calidad de vida y les sitúan muy lejos de las posibilidades de alcanzar un mínimo de bienestar.
Las promesas de esa índole que hacen los candidatos a la presidencia de la República o a las corporaciones de representación popular, antes del día de la elección, cualquiera sea el partido al que pertenezcan, sin distinción entre políticos de la plutocracia o de los que se autodefinen como defensores de los trabajadores y de las clases desfavorecidas por la fortuna, resultan engañosas por imposibilidad de realizarse, si no están fundamentadas en el indefectible propósito de que previamente se obtenga el cambio institucional democrático en el cual sea jurídicamente posible que los órganos del poder público realicen fiel y exactamente lo que ordena el mandato de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Todos los políticos participantes como candidatos en busca de cargos de representación popular, o de la jefatura del Estado, saben que en las circunstancias institucionales creadas por la actual Constitución Política, del mismo modo que en el pasado con las anteriores constituciones, el gobierno de esta nación no se puede desenvolver hacia el objetivo de solucionar los problemas de la gran mayoría de los habitantes, sino hacia la finalidad de favorecer los intereses de los más ricos y de los poderosos grupos económicos nacionales e internacionales.
La imposibilidad de gobernar en sentido diferente al que lleva a ese favorecimiento proviene de la obligatoria manera de funcionar el aparato del Estado y de las arraigadas costumbres que se usan para conformar el poder político y para ejercer la política; de acuerdo a esos modos de funcionamiento y a esas costumbres se han desarrollado circunstancias que contribuyen al sostenimiento del régimen de la plutocracia y aseguran su perdurabilidad.
3.- El ejercicio de la política se ha convertido en una actividad puesta fuera del alcance y de la posibilidad de participación activa para cualquiera de los ciudadanos que no pertenezcan al reducido estamento dirigente. En ese ejercicio no tiene valor alguno lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan o lo que desean los ciudadanos, ni tienen importancia sus opiniones políticas individuales, ni la coincidencia de esas opiniones, aunque sean muy grande el número de los individuos que coinciden y puedan llegar a conformar una muy extendida opinión colectiva. Por encima de esos sentimientos y de esas opiniones sobresalen y se destacan las imágenes de los dirigentes políticos que sean lanzados a la admiración del público con toda la pompa de los elogios que los hace figurar como los más sabios y los mejor dotados de cualidades y aptitudes para el gobierno.
Ese predominio es obra de costosas campañas publicitarias que ponen lejos de la posibilidad de ser candidatos a la representación de las opiniones colectivas, en los cargos de elección popular, a los ciudadanos poseedores de modestos patrimonios, pues es evidente que sin propaganda electoral, sin recursos para el transporte o para obtener los servicios de los medios de comunicación masiva no hay posibilidad de existir ante los electores como candidato.
Pero esa circunstancia facilita la intervención de los negociantes en la financiación de los gastos de publicidad de los candidatos, no de manera desinteresada ni motivada por exceso de generosidad; por lo contrario, sus aportes serán calculadas inversiones para la obtención de jugosas ganancias en los contratos de la administración pública o en los beneficios que podrán recibir con leyes que les favorezcan o con actos de la administración pública que igualmente les faciliten la rápida obtención de lucro, sin importar que las inequitativas consecuencias resultantes perjudiquen a la mayoría de la población.
Es por estas razones que la financiación particular de la publicidad electoral puede tener el efecto pernicioso de poner en las manos de los negociantes el control del ejercicio de la política. En esas circunstancias, los políticos con más opción de salir elegidos serán los que tengan abundantes recursos económicos para el pago de los gastos de publicidad y, por tanto, los partidos que mayor número de candidatos podrán colocar en los puestos de las corporaciones de elección popular serán los que avalen esa clase de candidatos.
Del mismo modo, en la elección de presidente de la República el partido o la coalición de partidos mayormente financiados en los gastos de campaña electoral inevitablemente tendrán asegurado el triunfo del certamen y la ganancia de sus beneficios.
Realizadas las elecciones y definidos los titulares de los cargos de elección popular ya podrán los inversionistas de las empresas electorales realizar el recaudo de dividendos; para esa finalidad comenzarán por exigir y luego dirigir las acciones de gobierno, de tal manera que todo el principal funcionamiento del Estado se desarrolle en consonancia con sus conveniencias e intereses. Ese será el punto del proceso político en donde quedarán hundidas todas las expectativas y esperanzas de millones de ciudadanos que conforman la gran mayoría de los electores y ahí se hará visible el lugar por donde fluyen las fuentes de la corrupción.
4.- Aunque estas previsiones no pueden ser desconocidas por los políticos presuntamente considerados defensores de los trabajadores y de las clases desfavorecidas por la fortuna, todo parece indicar que no las tienen en cuenta cuando organizan partidos políticos y lanzan candidaturas para toda clase de cargos de elección popular, incluido el de presidente de la República. Esos políticos dan por sentado que el lanzamiento de sus candidaturas es la mejor estrategia para la participación en política y que la obtención de puestos en las corporaciones de elección popular, así sea en ínfimas condiciones minoritarias, o que la figuración entre los pretendientes de la presidencia con exigua y lastimera votación, son pasos decisivos hacia “la conquista del poder”.
Quienes así actúan, parecen no comprender que las ilusiones creadas con sus promesas y las esperanzas infundidas a quienes en ellos confían y son inducidos a votar, no son más que decepcionante entretenimiento y desgaste inútil sin resultado alguno, que lleva a los electores a la confusión y al desánimo respecto de la democracia. Sin embargo, detrás de esas ilusiones es muy frecuente que vayan agazapadas muchas ambiciones de astutos buscadores de oportunidades para el lucro, que ven la ocasión propicia para financiar los gastos de publicidad de algunos de esos candidatos, e impulsar sus pretensiones consiguiéndoles los votos, para tener después la prerrogativa de obtener ganancias con la participación política y administrativa de sus protegidos.
5.- Los partidos del Pueblo que verdaderamente quieran llegar al sistema de gobierno democrático, en el que tengan la posibilidad de dirigir a la sociedad conforme a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, tendrán que dejar el ingenuo y pernicioso juego de los caudillismos, de los gamonalismos, de los clientelismos y de la búsqueda de puestos en el Estado, y en su lugar dedicarse a instruir a la población en los principios de la ciudadanía, del poder político del ciudadano y los principios de la democracia, con la finalidad última de unirse en una gran corriente de opinión que consiga, dentro de las vías jurídicas establecidas, la creación de una nueva Constitución Política en la que se modifique toda la estructura y funcionamiento del Estado, instaurando el auténtico gobierno del Pueblo, vale decir, la Democracia.
—————