Los ciudadanos colombianos que en las elecciones para Congreso de la República del pasado mes de marzo votaron en blanco, o se abstuvieron de votar, dieron una silenciosa, sublime, aleccionadora y arrolladora manifestación de repudio a la farsa electoral a la que en Colombia engañosamente le dan el nombre de democracia.
El hecho cierto y suficientemente demostrado en esas elecciones es que el número de abstencionistas sobrepasó a la mitad del potencial electoral de ciudadanos habilitados para votar, por un amplio margen de varios millones.
Esa grandiosa mayoría de hombres y mujeres manifestó con el valiente gesto su enérgico rechazo a dejarse utilizar en la acostumbrada trama de elegir supuestos representantes del pueblo y de dar apariencia de legitimidad al fingido poder político de esos representantes, en desmedro del verdadero poder político del pueblo.
Las encuestas posteriormente realizadas respecto a la próxima elección presidencial confirman que no se trata de una pasajera situación fácilmente modificable con la intensificación publicitaria de las campañas de los candidatos ni con el activismo de las promesas, de la seducción y del mercadeo de votos. Contrariamente, la intención del voto en blanco aumentó aceleradamente su nivel y se sostiene indeclinable.
De acuerdo con lo expresado en el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009 y lo declarado por la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011, puede acontecer que, si en la próxima elección presidencial votan en blanco los ciudadanos que no votaron en las elecciones para Congreso y se da el resultado de la mayoría absoluta del voto en blanco, el cual consiste en que el número de esos votos sea mayor en el 50% más 1 del total de los votos válidos, deberá repetirse por una sola vez la votación de la primera vuelta.
Ese resultado puede marcar el comienzo del cambio trascendental en la Historia de Colombia por donde se llega al gobierno del pueblo, la verdadera democracia. Ese cambio es la capacidad de rechazar y derrotar en los procesos electorales las artimañas y manipulaciones de la clase política que se ha adueñado del Estado y que lo utiliza como instrumento, poniéndolo al servicio de la oligarquía plutocrática para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, con la secuela del aumento de la desigualdad y de la injusticia social.
El efecto inmediato de la mayoría absoluta del voto en blanco en las próximas elecciones presidenciales será el de repetir la votación de la primera vuelta, para lo cual los partidos políticos deberán presentar nuevos candidatos. Así, el actual presidente no tendrá opción de reelección y ninguno de los candidatos de los otros partidos podrá participar en la repetición de la elección.
Es claro que el alcance de ese efecto inmediato no será suficiente para entregar al pueblo el poder político, dado que, como consecuencia de la elección de uno de los nuevos candidatos en la repetición de la primera vuelta, o en la segunda vuelta si fuere necesario, todavía quedará ese poder en las manos de la clase política y a las órdenes de la oligarquía plutocrática. Pero el solo hecho de que el proceso electoral integre una arrolladora mayoría de ciudadanos, más del 65% del potencial electoral, que coincidan en la expresión política del voto en blanco para manifestar el rechazo y la inconformidad respecto de las viciadas prácticas de la política, del engaño al electorado, de la corrupción en el Estado, del ilícito e impune apoderamiento que los políticos realizan sobre de los bienes del Tesoro y del patrimonio público, de la injusticia, la inequidad y los abusos que lesionan los derechos de los habitantes, especialmente de los más pobres, será el paso definitivo hacia la unión de esas voluntades ciudadanas en el objetivo de la conquista pacífica, y por la vía electoral, del poder político para el pueblo y la instauración de la auténtica democracia, que es el gobierno de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Esa forma de gobierno no se ha podido alcanzar, ni se podrá alcanzar, mientras sigan vigentes las instituciones políticas y la estructura del Estado establecidas en la actual Constitución Política, la cual ha sido habilidosamente diseñada para sostener el gobierno de la oligarquía plutocrática por medio del régimen presidencial, de la representación política de los ciudadanos, del modo de administración pública, de la forma de Estado y de los partidos políticos que simulan la democracia y el Estado de Derecho.
Pero, la unidad de la mayoría del pueblo no puede construirse ni sostenerse sobre la estructura de un partido político que se proponga la tarea de ganar elecciones para llevar a sus dirigentes a ocupar posiciones burocráticas en el Estado y facilitar a sus activistas el acceso a los puestos de la administración pública, donde puedan intervenir en el manejo de la burocracia, de los presupuestos y de la contratación.
Esa ha sido la causa del fracaso y de la frustración de las esperanzas del pueblo, originados por la desorientación que realizan los varios partidos políticos inoperantes e inútiles que se proclaman como “de izquierda” o defensores de los intereses del pueblo, aunque solamente se ocupan de hacer lo mismo que hacen los partidos financiados por la oligarquía plutocrática.
La unidad de la mayoría del pueblo, que en la actual afortunada etapa de la Historia de Colombia surge espontáneamente en los procesos electorales, puede alcanzar el poder político y la instauración de la democracia si se organiza para crear la nueva Constitución Política promoviendo asambleas locales de vecinos en todos los lugares del territorio nacional: barrios de las ciudades, localidades de los distritos, comunas, corregimientos, veredas, donde los ciudadanos expresen sus ideas y propuestas respecto del contenido de la nueva Constitución, de manera que puedan debatirse y aprobarse proyectos y se pueda llegar a un gran acuerdo nacional respecto del proyecto que la unión mayoritaria del pueblo presentará y apoyará con sus votos cuando llegue el momento de convocar la Asamblea Nacional Constituyente.