Antes de que las naciones se transformen en sociedades, sus habitantes permanecen divididos en clases sociales; no existe en ellas el Pueblo como institución jurídica y política que sea el origen del poder supremo. Por esa causa, en las varias épocas de la Historia y en la actualidad todas las naciones han presentado enormes diferencias en las condiciones de vida de sus clases sociales. Así, mientras la clase más poderosa disfruta de todos los privilegios y comodidades, la más baja soporta los mayores gravámenes, afronta dificultades, sufre privaciones y carece de libertad.
A manera de ejemplo, puede recordarse que en la antigua Roma, exceptuados los esclavos, la clase más baja era la Plebe; en algún momento, después de muchas luchas, esta clase alcanzó a obtener el derecho de aprobar plebiscitos o leyes, de modo separado al de los Patricios.
En Europa durante la Edad Media las clases eran: la nobleza, el clero y los plebeyos; las dos primeras tenían poder político, pero la última estaba desprovista de cualquier poder. En la misma Europa, durante la Edad Moderna, los reyes fueron ayudados por la floreciente burguesía en la obtención de recursos para sostener ejércitos con los que derrotaron a los señores feudales y dieron origen a los Estados nacionales; de ese modo concentraron bajo su mando la totalidad del poder y, al proclamarse soberanos, llegaron hasta el absolutismo. Aparece entonces la clase de los burgueses, conformada por comerciantes, banqueros y artesanos, nueva clase que ocupa la posición intermedia entre las altas clases y la más baja de los plebeyos.
En esa etapa de la Historia, dentro del agitado y variado movimiento de fuerzas y de intereses individuales, continuamente contrapuestos, como ha sido la constante a lo largo de la evolución de las naciones, comienza a gestarse el descenso del poder absoluto de los monarcas cuando estos se ven compelidos al otorgamiento de cartas de derechos en las que se ven obligados a limitar sus privilegios a favor de los nobles o de las ciudades, o deben aceptar la intervención de parlamentos, cortes o asambleas de nobles y delegados de las regiones de los países, en los cuales se aprueban los impuestos, o se les exige que consulten o reciban asesoría para la decisión de los asuntos de administración o de justicia.
El desmonte de la monopolización del poder político, que estaba concentrado en cada nación en las manos de un solo individuo o de una reducida minoría de personas y, junto con el, la desmitificación del derecho de gobernar, que se había considerado como derecho divino y hereditario de unas pocas familias, llegan impulsados por el cambio de mentalidad acaecido en Europa en los comienzos de la Edad Contemporánea.
Las nuevas ideas de libertad e igualdad de los seres humanos, fundamentadas en la existencia de derechos que les acompañan durante toda su vida, desde el momento de nacer, abrieron los panoramas de las naciones con promisorios horizontes hacia la posibilidad de ser organizadas y gobernadas por medio de leyes, conforme a la voluntad de todos los ciudadanos, de manera que pudieran liberarse de la tiranía, del absolutismo y del despotismo que por muchos siglos las había subyugado.
Las revoluciones de independencia de las colonias americanas, al unísono con la Revolución Francesa, proclamaron el derecho de los pueblos a escoger libremente su modo de gobierno y acordar las reglas que dirigieran su organización; también proclamaron los derechos de cada uno de los seres humanos que los integraran, exigiendo que fueran respetados hasta por los gobernantes. Asimismo, proclamaron el derecho de todos los ciudadanos de cada nación a participar en el gobierno de la misma pudiendo elegir y ser elegidos; de este modo se propusieron erradicar las odiosas desigualdades sociales y los abusos del poder político.
Comienza, entonces, a tenerse conciencia de la existencia del Pueblo como ente social que es único titular de la soberanía y es la fuente originaria del poder público. Este concepto se incorpora al texto de las Constituciones Políticas de algunas naciones, pero no va más allá de ser una declaración decorativa, que no tiene desarrollo en la estructura y el funcionamiento de las ramas del poder público y queda opacada e inutilizada por las modalidades políticas de representación popular ante el órgano legislativo y por el régimen presidencial. De estas modalidades políticas, la primera se convierte en la engañosa manera de delegar la soberanía del Pueblo en la persona de quienes se suponen son sus representantes y la segunda, al concentrar la mayoría del poder público en cabeza del presidente, se convierte en la manera disimulada de establecer y sostener una monarquía electiva.
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