1 - El poder político del Pueblo
Las pésimas circunstancias sociales, económicas y políticas en las que actualmente se encuentra la nación colombiana hacen pensar que la gran
mayoría de ciudadanos, conformada por los que no hacen parte del gobierno de la oligarquía plutocrática ni están vinculados al clientelismo de la clase política, tiene los más obligantes motivos para impedir que la oligarquía siga siendo el modo de gobierno y por tanto, debe aprestarse para realizar el cambio en la titularidad del poder político, por la vía pacífica y electoral.
Es bien conocido que bajo los gobiernos de la oligarquía solamente la muy limitada minoría de poseedores de la mayor parte de la riqueza acumulada del país dirige la organización de la economía según sus conveniencias, para la exclusiva finalidad de obtener las mayores ganancias y sacar el máximo rendimiento, únicamente para ella, sin dar ninguna importancia ni atención a las necesidades vitales de los demás habitantes, como si estos no existieran, o como si no fueran seres humanos a los que la Constitución Política les reconoce los derechos que les garantizan la vida y las condiciones básicas de subsistencia y bienestar.
Tampoco es un secreto que tan peculiar manera de organizar la economía la realizan por medio de la clase política; a esta clase le financian los gastos de las campañas electorales con las que consigue los votos de sus clientelas y de esa manera la conservan a su servicio, obteniendo que los elegidos de cualquiera de los partidos, tendencias, disidencias partidistas, o agrupaciones sociales, cuando accedan a las posiciones de la supuesta representación popular, o de gobierno, actúen en el ejercicio de las funciones siempre de modo favorable y protector de sus intereses.
Esas circunstancias indican, sin lugar a dudas, que en el gobierno de la oligarquía el poder político está monopolizado por la clase política para consolidar el absoluto predominio de los propietarios de los mayores capitales. En Colombia la clase política siempre ha gobernado mediante el monopolio del poder político; esa clase aunque aparenta representar las diversas expectativas e intereses en las que se agrupan las diferentes voluntades políticas colectivas de los ciudadanos para competir por el poder, en la realidad solamente cumple y hace cumplir las expectativas de sus patrocinadores y únicamente protege y favorece los intereses de aquellos.
Pero en la actualidad, el conocimiento de la verdadera causa de las pésimas condiciones de existencia que padece la gran mayoría de los habitantes de Colombia también lleva al conocimiento del modo más eficaz de suprimirlas y cambiarlas por las que sean más favorables para todos. Por virtud de los avances en la tecnología de las comunicaciones ese conocimiento está al alcance de la gran mayoría de ciudadanos de las clases media y pobre, los cuales no hacen parte de las clientelas de la clase política y son abstencionistas electorales, casi en su totalidad; además, puede alcanzarlo el gran número de ciudadanos que han votado engañados por las empresas electorales de la clase política y por las que fingen oponerse a ella, autodenominándose partidos democráticos o simulando ser demócratas o redentores de los pobres. Así, pues, para difundir ese conocimiento será necesario comenzar por crear conciencia de que pacíficamente, por la vía electoral, se puede sacar del dominio del poder político a la tradicional clase política e impedir que ocupe, maneje y dirija los órganos detodas las ramas del poder público y que siga ejerciendo el absoluto control de la función administrativa, fiscal y disciplinaria, como lo hace en la actualidad.
Buena parte de ese conocimiento debe servir para que la gran mayoría de los ciudadanos no se dejen llevar por los antiguos y nuevos proyectos políticos que de manera solapada únicamente se proponen satisfacer en sus ambiciones burocráticas y de enriquecimiento a quienes los dirigen, por medio del manejo de los presupuestos y de los contratos; esos aparentes reformadores y anunciadores de cambios solo quieren mantenerse indefinidamente como minorías políticas, para hacer "la oposición democrática" o simular que la hacen, mientras disfrutan de los privilegios que favorecen a los integrantes de la clase política.
Pero no será suficiente el relevo de los políticos que ocupan los puestos de dirección y de funcionamiento de los órganos de todas las ramas del poder público y de todos los órganos de control del Estado, porque lo esencial del problema está en el modo como los que ejercen el poder político obtienen la facultad de ejercerlo y en el modo como lo ejercen.
No puede perderse de vista que el derecho de los ciudadanos a elegir, establecido en la Constitución Política, en principio es el poder político individual de cada ciudadano, el cual debe ejercerse colectivamente y por esa virtud llega a ser la fuente del poder político del pueblo y es conocido jurídicamente con el nombre de soberanía del pueblo.
Pero en Colombia el ejercicio del derecho a elegir no origina el poder político del pueblo porque la misma Constitución hace posible y facilita la desviación de los poderes políticos individuales de los ciudadanos para cederlos a la clase política a través del artefacto de la "democracia representativa", en el cual los ciudadanos enajenan sus poderes políticos individuales mediante la venta del voto por algunos pocos pesos o a cambio de comida, bebidas embriagantes, artículos electrodomésticos, diferentes tipos de bienes, o se lo dejan sonsacar con promesas, halagos u
ofertas de beneficios, privilegios o tolerancia de lo que es contrario a las leyes.
En el mercadeo de votos, los ciudadanos vendedores de su poder político individual son la clientela de los políticos y estos, en su condición de compradores, se convierten en propietarios de ese poder, el cual se cuantifica en el número de votos comprados. La Constitución Política da a los propietarios del poder político adquirido en la farsa electoral el tratamiento de titulares de la soberanía del pueblo, considerándolos como sus legítimos representantes; en esa condición legislan y realizan las funciones de administración pública, manejan la economía, disponen de los recursos naturales y fiscales, establecen y recaudan impuestos, con la única finalidad de favorecer los intereses de los mayores propietarios de capital, que son sus patrocinadores, sin darle ninguna importancia a las perjudiciales consecuencias que ese modo de gobernar causa para la gran mayoría de los habitantes.
Dadas esas circunstancias no puede esperarse que la solución de los graves problemas que aquejan a los habitantes de esta nación pueda llegar por el lado del cambio de actitud de la clientela política de los partidos y de las empresas electorales. Esa clientela apenas oscila entre el 30 y el 40% de los ciudadanos registrados en el censo electoral; gran parte de ella no puede liberarse de lo que parece ser la protección que le brindan los políticos influyentes en el gobierno; la necesidad la hace dependiente de la oportunidad de obtener mediocres ingresos para sobrevivir o de conservar los puestos de trabajo, con muy bajas remuneraciones, que ocupan en las empresas de los amigos de los políticos, donde estos los recomiendan.
Entonces, la solución solamente puede salir de la voluntad de la gran mayoría de ciudadanos, que son los abstencionistas, en número que oscila entre el 60 y el 70% de los registrados en el censo electoral; los cuales no tienen interés en ganar elecciones para conseguir puestos en los empleos del gobierno sino en lograr la expectativa, consciente o vaga e imprecisa, de que se cambie el modo de gobernar, con el fin de que la organización de la sociedad y el manejo de la economía se haga parael beneficio de todos los habitantes, por igual, logrando que todos puedan
satisfacer las necesidades humanas básicas y más que eso, que todos puedan obtener las mejores condiciones de bienestar y alcanzar las metas de progreso individual, dentro del respeto de la libertad, la equidad y los derechos de todos los otros.
No puede esperarse que ese cambio se realice cuando su ejecución dependa de la voluntad de los políticos que sean elegidos para que gobiernen según les parezca mejor o más conveniente, como ha ocurrido desde la fundación de la República y ocurre en la actualidad bajo el sistema de la "democracia representativa" y el "régimen presidencial" instituidos en la Constitución Política vigente. La seguridad de que efectivamente se realice ese cambio solamente podrá alcanzarse cuando sea ordenado por la voluntad del Pueblo, por medio del acuerdo de la mayoría de los ciudadanos y cuando las personas que sean elegidas para ocupar los órganos de gobierno y de administración pública estén obligadas a cumplir los mandatos que ordene la mayoría de ciudadanos. Esa será la verdadera democracia, el gobierno del Pueblo; la cual deberá ser establecida en la Constitución Política.
Para llegar a la democracia y liberar
a la gran mayoría de ciudadanos de las pésimas condiciones de existencia en que
viven, el camino largo o corto, según la rapidez con la que esa gran mayoría de
ciudadanos adquiera conciencia de la necesidad de recorrerlo prontamente y cómo
recorrerlo bien, tendrá tres indispensables etapas.
La primera será la creación de
la entidad titular de la democracia, la cual será el Pueblo, parte integrante
de la sociedad, de naturaleza política, con voluntad política de hacer el
cambio, el cual se integrará por medio de la unión de las voluntades políticas
individuales de la mayoría de los ciudadanos registrados en el censo electoral;
esa unión será alrededor del acuerdo de obtener la aprobación del texto de la
nueva Constitución Política democrática en la Asamblea Constituyente.
La segunda etapa culminará en
la fecha de las elecciones de miembros del Congreso de la República, cuando el
movimiento político en el que se integre el Pueblo obtenga, por lo menos, la
mitad más una de las curules en la Cámara de Representantes y en el Senado de
la República, con la finalidad de convocar la Asamblea Constituyente.
La tercera etapa culminará
cuando el movimiento político del Pueblo obtenga la mayoría en la elección de
miembros de la Asamblea Constituyente, equivalente, por lo menos, a la mitad
más uno de ellos, y consiga la aprobación del texto íntegro de la nueva
Constitución Política democrática que haya servido de fundamento para la unión
de los integrantes del Pueblo.
El día en el que el movimientopolítico del Pueblo obtenga el triunfo electoral de obtener la mayoría de lascurules de la Cámara de Representantes y del Senado de la República se causarála mutación del Pueblo, hasta entonces ente político, obteniendo también lacaracterística de ente jurídico, exclusivo titular de la soberanía, que lefacultará como máxima autoridad, y su poder político se convertirá en legítimafuente del poder público.
Así, pues, la consigna de "Todo el poder político para el Pueblo" puede ser la útil guía en la actividad política para unir las varias corrientes de opinión de los ciudadanos que tienen el ideal común de alcanzar la democracia y construir una sociedad de seres humanos libres, iguales y solidarios, que convivan dentro de la equidad,los derechos humanos y la democracia.
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El estado crítico de las circunstancias sociales, económicas y políticas al que ha llegado la actualidad colombiana lleva a la gran mayoría de ciudadanos que no pertenecen al estrato de la oligarquía plutocrática, ni al clientelismo de la clase política, ante la necesidad de liberarse de las pésimas condiciones de existencia en que viven. Siendo inocultable que la causa de aquellas pésimas condiciones es la permanencia de la nación bajo los gobiernos de la oligarquía, esa gran mayoría de ciudadanos tiene los más obligatorios motivos para asumir la inaplazable tarea de impedir la continuación de tan desastrosa permanencia. Por tanto, debe aprestarse para realizar el cambio en la titularidad del poder político.
Es bien conocido que bajo los gobiernos de la oligarquía solamente la muy limitada minoría de poseedores de la mayor parte de la riqueza acumulada del país dirige la organización de la economía, según sus conveniencias, para la exclusiva finalidad de obtener las mayores ganancias y sacar el máximo rendimiento, únicamente para ella, sin dar ninguna importancia ni atención a las necesidades vitales de los demás habitantes, como si estos no existieran, o como si no fueran seres humanos a los que la Constitución Política les reconoce los derechos que les garantizan la vida y las condiciones básicas de subsistencia y bienestar.
Tampoco es un secreto que tan peculiar manera de organizar la economía la realizan por medio de la clase política; a esta clase le financian los gastos de las campañas electorales con las que consigue los votos de sus clientelas y de esa manera la conservan a su servicio, obteniendo que los elegidos de cualquiera de los partidos, tendencias, disidencias partidistas, o agrupaciones sociales que accedan a las posiciones de la supuesta representación popular, o de gobierno, actúen en el ejercicio de las funciones siempre de modo favorable y protector de sus intereses.
Esas circunstancias indican, sin lugar a dudas, que en el gobierno de la oligarquía el poder político está monopolizado por la clase política para consolidar el absoluto predominio de los propietarios de los mayores capitales. En Colombia la clase política siempre ha gobernado mediante el monopolio del poder político; esa clase aunque aparenta representar las diversas expectativas e intereses en las que se agrupan las diferentes voluntades políticas colectivas de los ciudadanos para competir por el poder, en la realidad solamente cumple y hace cumplir las expectativas de sus patrocinadores y únicamente protege y favorece los intereses de aquellos.
Por fortuna, el conocimiento de la verdadera causa de las pésimas condiciones de existencia que padece la gran mayoría de los habitantes de Colombia también lleva al conocimiento del modo más eficaz de suprimirlas y cambiarlas por las que, por igual, sean más favorables para todos. Por tanto, ese conocimiento podrá alcanzarlo la gran mayoría de ciudadanos de las clases media y pobre, que no hacen parte de las clientelas de la clase política y son abstencionistas electorales, casi en su totalidad, y podrá alcanzarlo el gran número de ciudadanos que han votado engañados por las empresas electorales de esa clase y por las que fingen oponerse a ella, autodenominándose partidos democráticos o simulando ser demócratas o redentores de los pobres; para ese efecto será necesario comenzar por obtener conciencia de que pacíficamente, por la vía electoral, se puede sacar del poder a la clase política e impedir que ocupe, maneje y dirija los órganos de todas las ramas del poder público y del control administrativo, fiscal y disciplinario, como lo hace en la actualidad.
Buena parte de ese conocimiento debe servir para no dejarse llevar por los nuevos proyectos políticos que de manera solapada únicamente se proponen satisfacer en sus ambiciones burocráticas y de enriquecimiento a quienes los dirigen, con el manejo de los presupuestos y de los contratos; esos novedosos reformadores quieren mantenerse indefinidamente como minorías políticas, para hacer “la oposición democrática” o simular que la hacen, mientras disfrutan de los privilegios que favorecen a los integrantes de la clase política.
Pero no será suficiente el relevo de los políticos que ocupan los puestos de dirección y de funcionamiento de los órganos de todas las ramas del poder público y de todos los órganos de control del Estado, porque lo esencial del problema está en el modo como los que ejercen el poder político obtienen la facultad de ejercerlo y en el modo como lo ejercen. No puede perderse de vista que el derecho de los ciudadanos a elegir, establecido en la Constitución Política, en principio es el poder político individual de cada ciudadano, el cual debe ejercerse colectivamente y por esa virtud es fuente del poder político del pueblo y es conocido jurídicamente con el nombre de soberanía del pueblo. Pero en Colombia el ejercicio del derecho a elegir no origina el poder político del pueblo porque la misma Constitución hace posible y facilita la desviación de los poderes políticos individuales de los ciudadanos para cederlos a la clase política a través del artefacto de la “democracia representativa”, en el cual los ciudadanos enajenan sus poderes políticos individuales mediante la venta del voto por algunos pocos pesos o a cambio de comida, bebidas embriagantes, artículos electrodomésticos, diferentes tipos de bienes, o se lo dejan sonsacar con promesas, halagos u ofertas de beneficios, privilegios o tolerancia de lo que es contrario a las leyes.
En el mercadeo de votos, los ciudadanos vendedores de su poder político individual son la clientela de los políticos y estos, en su condición de compradores, se convierten en propietarios de ese poder, el cual se cuantifica en el número de votos comprados. La Constitución Política da a los propietarios del poder político adquirido en la farsa electoral el tratamiento de titulares de la soberanía del pueblo, considerándolos como sus legítimos representantes; en esa condición legislan y realizan las funciones de administración pública, manejan la economía, disponen de los recursos naturales y fiscales, establecen y recaudan impuestos, con la única finalidad de favorecer los intereses de los mayores propietarios de capital, que son sus patrocinadores, sin darle ninguna importancia a las perjudiciales consecuencias que ese modo de gobernar causa para la gran mayoría de los habitantes.
Dadas esas circunstancias no puede esperarse que la solución del problema pueda llegar por el lado del cambio de actitud de la clientela política de los partidos y de las empresas electorales. Esa clientela apenas oscila entre el 30 y el 40% de los ciudadanos registrados en el censo electoral; gran parte de ella no puede liberarse de lo que parece ser la protección que le brindan los políticos influyentes en el gobierno; la necesidad la hace dependiente de la oportunidad de obtener mediocres ingresos para sobrevivir o de conservar los puestos de trabajo, con muy bajas remuneraciones, que ocupan en las empresas de los amigos de los políticos, donde estos los recomiendan.
Entonces, la solución solamente puede salir de la voluntad de la gran mayoría de ciudadanos, que son los abstencionistas, en número que oscila entre el 60 y el 70% de los registrados en el censo electoral; los cuales no tienen interés en ganar elecciones para conseguir puestos en los empleos del gobierno sino en lograr la expectativa, consciente o vaga e imprecisa, de que se cambie el modo de gobernar, con el fin de que la organización de la sociedad y el manejo de la economía se haga para el beneficio de todos los habitantes, por igual, logrando que todos puedan satisfacer las necesidades humanas básicas y más que eso, que todos puedan obtener las mejores condiciones de bienestar y alcanzar las metas de progreso individual, dentro del respeto de la libertad, la equidad y los derechos de todos los otros.
No puede esperarse que ese cambio se realice cuando su ejecución dependa de la voluntad de los ciudadanos que sean elegidos para que gobiernen según les parezca mejor o más conveniente, como ha ocurrido desde la fundación de la República y ocurre en la actualidad bajo el sistema de la “democracia representativa” y el “régimen presidencial” instituidos en la Constitución Política vigente. La seguridad de que efectivamente se realice ese cambio solamente podrá alcanzarse cuando sea ordenado por la voluntad del Pueblo, por medio del acuerdo de la mayoría de los ciudadanos y cuando las personas que sean elegidas para ocupar los órganos de gobierno y de administración pública estén obligadas a cumplir los mandatos que ordene la mayoría de ciudadanos. Esa será la verdadera democracia, el gobierno del Pueblo; la cual deberá ser establecida en la Constitución Política.
Para llegar a la democracia y liberar a la gran mayoría de ciudadanos de las pésimas condiciones de existencia en que viven, el camino largo o corto, según la rapidez con la que esa gran mayoría de ciudadanos adquiera conciencia de la necesidad de recorrerlo prontamente y cómo recorrerlo bien, tendrá tres indispensables etapas. La primera será la creación del sujeto de la democracia, el cual será el Pueblo, ente político con voluntad política de hacer el cambio, el cual se integrará por medio de la unión de las voluntades políticas individuales de la mayoría de los ciudadanos registrados en el censo electoral; esa unión será alrededor del acuerdo de obtener la aprobación del texto de la nueva Constitución Política democrática en la Asamblea Constituyente. La segunda etapa culminará en la fecha de las elecciones de miembros del Congreso de la República, cuando el movimiento político en el que se integre el Pueblo obtenga, por lo menos, la mitad más una de las curules en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, con la finalidad de convocar la Asamblea Constituyente. La tercera etapa culminará cuando el movimiento político del Pueblo obtenga la mayoría en la elección de miembros de la Asamblea Constituyente, equivalente, por lo menos, a la mitad más uno de ellos, y consiga la aprobación del texto íntegro de la nueva Constitución Política democrática que haya servido de fundamento para la unión de los integrantes del Pueblo.
El día en el que el movimiento político del Pueblo obtenga el triunfo electoral de obtener la mayoría de las curules de la Cámara de Representantes y del Senado de la República se causará la mutación del Pueblo, hasta entonces ente político, obteniendo también la característica de ente jurídico, exclusivo titular de la soberanía, que le facultará como máxima autoridad, y su poder político se convertirá en legítima fuente del poder público.
Así, pues, la consigna de “Todo el poder político para el Pueblo” puede ser la útil guía en la actividad política para unir las varias corrientes de opinión de los ciudadanos que tienen el ideal común de alcanzar la democracia y construir una sociedad de seres humanos libres, iguales y solidarios, que convivan dentro de la equidad, los derechos humanos y la democracia.
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