Todos los días, de manera permanente, los servicios de noticias de Colombia comunican al público abundante información de los evidentes síntomas del desorden de esta nación. Gracias a esta meritoria tarea es fácil para la mayoría de los habitantes llegar al convencimiento de la inaplazable necesidad de emprender acciones ciudadanas que nos libren de tan desastrosa y caótica situación. Entre las principales manifestaciones de ese desorden aparecen las siguientes:
1- La generalizada y continua corrupción con la que se convienen, en casi todos los lugares del país, los contratos de la administración pública; esa corrupción se efectúa mediante el concurso delictivo de los políticos, los funcionarios administrativos y los contratistas.
2- La inhumana e indolente ineficiencia del servicio público de salud, convertido en muy lucrativo negocio por obra de la privatización que han impuesto los políticos mediante leyes amañadas para favorecer las ganancias de los comerciantes y especuladores adueñados del manejo del derecho a la salud de los colombianos.
3- La intensificación del desempleo, en continuo aumento mientras el gobierno permanece esperando que los empresarios den a unos pocos trabajadores algunas oportunidades de obtener mezquinos ingresos, pero olvidando que la Constitución Política vigente ha establecido que el Estado debe intervenir de manera especial “para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”.
4- La frustración de la juventud de las clases media y pobre, privadas de acceso a las universidades y a los institutos tecnológicos, o la incapacidad que imposibilita a la infancia y a la juventud de los más pobres para acceder a la educación primaria, causadas en todos los mencionados niveles sociales por la carencia de los recursos monetarios necesarios para el pago de matrículas y el sostenimiento en los estudios.
5- Las condiciones de vida miserable que llevan en los extramuros de las grandes ciudades los habitantes desplazados de los campos, que han llegado huyendo de la violencia criminal que les arrebató sus viviendas y los terrenos que fueron sus medios de trabajo.
6- Los continuos y repetidos hechos de injusticia social, inequidad, abusos de poder y violación de los derechos humanos, que son ampliamente conocidos por virtud de las informaciones de los noticieros.
Ese monstruoso desorden hunde en el más deplorable estado de inferioridad y atraso a la gran mayoría de los habitantes, imposibilitándola para hacer uso de la libertad, que solamente existe en la letra muerta de la ley, o imposibilitándola para vivir en condiciones de igualdad, que le son negadas por la absoluta falta de oportunidades. De esa manera, la gran mayoría de los habitantes está condenada a padecer todas las carencias y humillaciones y a no tener el amparo de la solidaridad, ni de la equidad, ni del derecho.
Pero, no obstante la enormidad de las circunstancias en las que se desenvuelven los síntomas y las consecuencias de ese desorden, la misma necesidad de vencerlo y salir adelante impulsa a los colombianos a decidirse a corregirlo y superarlo mediante la creación de reglas jurídicas que conduzcan a establecer de manera eficaz y permanente las mejores condiciones para convivir integrando una verdadera sociedad democrática.
La pregunta que surge de lo expresado es ésta: ¿Si no hay duda de que es necesario e inaplazable reorganizar a la nación colombiana, por qué no se ha hecho esa reorganización? La respuesta es obvia: Porque quienes han gobernado a la nación y quienes actualmente la gobiernan no han querido hacerlo ni quieren hacerlo y porque han creado una manera de gobernarla, instituida en la Constitución Política, que hace imposible esa reorganización.
El objetivo de la reorganización no puede ser una más de las ilusorias utopías que lanzan los políticos cazadores de votos en las épocas preelectorales; de modo contrario, debe ser una meta posible de alcanzar y realizar, que solamente necesite de la voluntad política de quienes la ejecuten.
En este país afortunadamente existen circunstancias que hacen muy posibles de alcanzar los proyectos eficaces de bien común y bienestar general que honestamente se conciban para ser realizados, porque el territorio en el que habita la nación colombiana es un lugar privilegiado del planeta terrestre donde la Naturaleza ha sido pródiga en tierras fértiles, variedad de climas, abundancia de corrientes de agua, de selvas, bosques, biodiversidad, minerales y extensas costas sobre dos océanos, en las que son inmensos los recursos de la pesca y de la plataforma submarina. Toda esa abundancia de elementos materiales de la Naturaleza está ahí para que a ella se aplique el trabajo de los colombianos y se convierta en bienes utilizables en la satisfacción de las necesidades vitales de ellos y en el mejoramiento y perfeccionamiento de su calidad de vida, así como en la obtención de conocimientos y desarrollo de la tecnología y de la ciencia.
Pero, durante los más de doscientos años que han transcurrido desde la Declaración de Independencia, esta nación no ha podido organizarse de manera eficiente para aprovechar las ventajas del territorio en el que habita. No lo ha podido hacer por el exceso de egoísmo y de ambiciones de poder y de riqueza de quienes la han gobernado, los cuales han dado origen a la falta de voluntad política para hacerlo.
Infortunadamente, la codicia de los negociantes extranjeros siempre ha puesto su atención sobre los recursos naturales del territorio de esta nación y ha encontrado la forma de excitar la ambición y dominar la voluntad de los políticos, a quienes aquellos negociantes favorecen, financiándolos para que lleguen a las más altas posiciones de gobierno donde puedan disponer en su favor las más grandes facilidades de apoderamiento de esos recursos; de esa manera, los extranjeros patrocinadores de los ambiciosos políticos logran grandísimas ganancias con las riquezas que extraen del suelo y del subsuelo patrio y se las llevan con el fin de utilizarlas en otras naciones, mientras que los habitantes colombianos siguen sin oportunidades de trabajo y sin posibilidades de salir de la pobreza extrema.
Ese ha sido el trasfondo económico de la política y de la supuesta organización de la nación colombiana a todo lo largo de su existencia desde la Declaración de Independencia, el cual tiene su origen en el hecho social de que el estrato dirigente estuvo conformado, desde los primeros años de vida independiente, por los “criollos”, descendientes de los conquistadores y colonizadores españoles que se apoderaron de grandes extensiones de tierra y de minas de metales preciosos. Esos personajes y sus descendientes ocuparon y han venido ocupando, por el poder de sus riquezas y de la influencia social, las posiciones de gobierno de toda la nación y de las secciones de la división territorial, y han desarrollado una forma de hacer política, de gobernar y de administrar a la nación, que tiene como única finalidad favorecer sus intereses económicos y los de sus aliados extranjeros a quienes ofrecen todas las facilidades y oportunidades de explotar los recursos naturales y llevarse las riquezas del territorio nacional.
Así, el modo de gobierno en Colombia es claramente oligárquico pero hábilmente disfrazado de democracia. En este modo de gobierno nunca habrá voluntad política para crear y organizar la sociedad democrática colombiana. Por tanto, el verdadero problema está en la falta de democracia, en razón de que la construcción de este tipo de sociedad necesita la participación de la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos que estén inscritos en el censo electoral vigente.
Esa mayoría de ciudadanos es la única que puede crear las condiciones jurídicas necesarias para instituir la democracia y organizar la sociedad colombiana dentro de los principios de libertad, igualdad, solidaridad, equidad y derecho, con la finalidad de que todos los habitantes puedan convivir en paz y puedan atender a la satisfacción de sus necesidades vitales y a la obtención de mejores condiciones de vida.
Dentro de estas circunstancias fácticas reales, para efectuar la reorganización de la nación colombiana es indispensable el cambio de la Constitución Política vigente, estableciendo en ella las siguientes modificaciones principales: 1) El gobierno lo realizará la voluntad política mayoritaria de los ciudadanos; esa voluntad, expresada en los programas de gobierno de los partidos que compitan, después de ser escrutada en los procesos electorales será de obligatorio cumplimiento y se convertirá en mandato que deberán acatar fielmente los miembros de la Asamblea Legislativa a quienes corresponderá redactar las leyes. 2) Ese mandato deberá continuar cumpliéndose por medio de la acción de los ministros de la rama ejecutiva, a quienes corresponderá dirigir y vigilar los órganos de la administración pública para ejecutar, cumplir y hacer cumplir las leyes. 3) La administración pública funcionará desconcentradamente en todos los municipios y distritos del territorio nacional; todos sus funcionarios y empleados serán de carrera administrativa y serán elegidos en concurso de méritos que realice la Escuela de Administración Pública.
Los ciudadanos que verdaderamente quieran sanear la política y establecer la democracia, no la de apariencia como la de la actualidad, que solo consiste en hacer elecciones para elegir a los denominados “jefes naturales”, con los cuales se manejan los gobiernos de la oligarquía plutocrática, sino la democracia en la que el pueblo gobierna, deberán acometer la honrosa tarea de movilizar a la ciudadanía hacia la finalidad de elaborar las cláusulas de la nueva Constitución Política, con la cual se organice la Sociedad Democrática Colombiana, y conseguir que ese proyecto de Constitución sea aprobado mediante el procedimiento constitucional que esté vigente, para lo cual será necesario integrar el movimiento político del Pueblo con capacidad electoral suficiente para que el número de curules que obtenga en el Congreso de la República sea la más poderosa e invencible mayoría.
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