En los más importantes procesos electorales que se realizan en Colombia, como son los de Presidencia y Congreso de la República, los electores no votan por programas de gobierno sino por los candidatos que inscriben los partidos; de este modo, los electores facultan ampliamente a quienes resultan electos para que obren en el gobierno de la nación como mejor les parezca o les convenga.
Este modo de elegir es la causa de que desde el acto mismo de la elección se transfiera la soberanía del Pueblo a favor de quienes son escogidos, con la consecuencia de poner bajo la voluntad de esos pocos ciudadanos la facultad de gobernar a toda la nación. De esta manera desaparece el sentido auténtico de la democracia, en el que el Pueblo gobierna en la condición de ente político integrado por todos los ciudadanos; en consecuencia, el sentido democrático es remplazado por el modo de gobierno de la Oligarquía, en la cual sólo gobierna uno o un exclusivo número de poderosos.
Casi la totalidad de los ciudadanos que votan por los candidatos de los partidos políticos no son verdaderos miembros de esos partidos; en realidad, los únicos que tienen la calidad de miembros son los dirigentes, pero unos pocos de los electores ingenuamente creen que son miembros de esas colectividades porque están relacionados con ellas de modo similar al de la relación que existe entre los hinchas y los equipos de fútbol: de manera admirativa, emocional y surgida del entusiasmo o de los odios que les han inculcado contra los que no apoyan a sus dirigentes. Además, la clientela política, que es la que más votos suministra a los partidos políticos y a los candidatos independientes, no puede incluirse entre la membresía de los partidos políticos porque apenas es un mercadeo volátil que favorece al mejor postor; esa clientela es ávida de empleos públicos o de oportunidades de trabajo o de cualquier provecho; se adhiere en los barrios o en las veredas atraída por las habilidosas ofertas de los agentes electorales al servicio de los políticos locales y departamentales, los cuales se ocupan en la consecución de votos prometiendo influencia sobre la administración pública para conseguir favores, subsidios, beneficios o ventajas, o repartiendo obsequios y hasta dinero para comprar la voluntad de los electores.
Por tanto, los partidos políticos existentes en la actualidad son empresas electorales que manejan presupuestos de funcionamiento muy cuantiosos. Los verdaderos miembros de esos partidos son los copropietarios de esas empresas; ellos han heredado sus posiciones dentro del cuadro directivo nacional o dentro de los cuadros directivos departamentales, distritales o municipales, o han sido cooptados para hacer parte de los mismos por haber demostrado su capacidad para obtener votos en la proporción suficiente o por haber acreditado que tienen la confianza de los altos círculos de la economía y de las finanzas y que pueden recibir el apoyo de los inversionistas de capital para financiar los gastos publicitarios de las campañas electorales.
Los enormes costos de esas campañas electorales excluyen del ejercicio de la política y por ende de ser miembros de los partidos políticos a los ciudadanos que no tengan recursos económicos para pagar esos costos, o que no puedan obtener financiación o aportes de ciudadanos pudientes que les ayuden. Por esa circunstancia, el ejercicio de la política y de los derechos políticos queda reservado al limitado grupo de ciudadanos que pueda disponer de esos recursos, en razón de que el solo hecho de votar, efectuado por los que no pertenecen a la organización empresarial de los partidos políticos, no puede considerarse como libre ejercicio de la política o de los derechos políticos sino simple adhesión motivada por algún beneficio personal, o por el pago que reciben por la venta del voto, o por el temor que les obliga a prevenirse contra el riesgo de ser víctimas de algún ataque o castigo.
La supresión de los vicios e inequidades existentes en la actividad política exige cambios en la Constitución Política con el objeto de establecer que el modo directo y eficiente de desarrollar el poder político de los ciudadanos sea el ejercicio de sus derechos políticos y, asimismo, establecer que el modo más idóneo para la creación del poder político del Pueblo y de integrarlo como entidad jurídica y política en la que se radique de manera exclusiva la soberanía o suprema autoridad, sea, también, el ejercicio de esos derechos políticos.
El texto de la Constitución deberá expresar claramente que el poder político es facultad inherente a la ciudadanía, por lo cual los ciudadanos son titulares de poder político; además deberá asignar al ejercicio de los derechos políticos el carácter de función democrática. Asimismo, deberá establecer las normas que, dentro del sentido de la democracia, rijan la creación y el funcionamiento de partidos políticos con las finalidades de: hacer posible que todos los ciudadanos sean registrados en el Censo Electoral y puedan fundar o integrarse libremente a colectividades políticas, en las cuales los acuerdos de voluntad política sean el resultado del consenso mayoritario de cada una; para este efecto deberá establecer que dentro de ellas, los ciudadanos puedan proponer programas de gobierno o partes de esos programas o proyectos de reforma de la Constitución, para que sean debatidos y aprobados o rechazados, e igualmente puedan postular candidatos para elegir representantes del Pueblo que ejerzan las funciones de gobierno conforme a los mandatos de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos,
Así se hará posible que realmente se manifieste el poder político del Pueblo mediante los procesos electorales que periódicamente se realicen; esa manifestación deberá tener la forma de acuerdos de voluntades políticas de los ciudadanos con los cuales se aprobarán por mayoría de votos los programas de gobierno que deberán desarrollarse durante cada periodo de gobierno; los acuerdos sobre los programas de gobierno que sean elegidos tendrán el carácter de mandatos obligatorios del Pueblo que deberán ser convertidos en leyes. Será mayoría electoral, por lo menos, la mitad más uno del número de ciudadanos inscritos en el Censo Electoral.
El hecho social en el que se manifestará el poder político del Pueblo será el de dar apoyo mayoritario electoral a uno de los acuerdos que compitan en el ejercicio colectivo de los poderes políticos de los ciudadanos. Por virtud de ese apoyo mayoritario, el acuerdo que lo obtenga tendrá legitimación constitucional como mandato del Pueblo, con la finalidad de ser realizado por los órganos del poder público. De esta manera, por la vía legítima de los procesos electorales, en la forma que instituya la Constitución, el poder político del Pueblo tomará la forma del poder público.
Únicamente el Pueblo realizará el gobierno en la sociedad democrática. La voluntad soberana del Pueblo se expresará en los programas de gobierno que sean escogidos por la mayoría de los ciudadanos. Esos programas obtendrán la condición de mandatos obligatorios que deberán convertirse en leyes de la Asamblea Legislativa y realizarse por medio de los órganos de administración pública, a los cuales corresponderá ejecutar y cumplir las leyes bajo la dirección y el control de los ministros de la Rama Ejecutiva.
La función de gobierno será atributo exclusivo del Pueblo; por esta circunstancia no podrá ser delegada a ningún órgano o rama del poder público, ni siquiera a la rama legislativa, a la cual corresponderá redactar y poner en vigencia las leyes; ni a la rama ejecutiva, la cual deberá cumplirlas y hacer que sean ejecutadas y cumplidas; mucho menos a los órganos de la administración pública, los cuales solamente serán instrumentos de la ejecución y cumplimiento de las leyes, siempre sujetos a la dirección y vigilancia de la rama ejecutiva.
Por tanto, otros de los principales cambios necesarios a la Constitución Política serán: la reforma de la rama legislativa del poder público para hacer posible que la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos se exprese en forma de leyes de obligatorio cumplimiento; además, la reforma de la administración pública para hacer posible que los órganos de esta institución únicamente funcionen para cumplir y hacer cumplir esa voluntad política que se manifieste en leyes.
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