Aunque los dirigentes políticos, sociales y económicos colombianos continuamente insistan en difundir la idea de que el modo de gobierno de esta nación es el de la democracia y aunque los medios de comunicación masiva repitan todos los días la misma opinión para que quede bien grabada en el público, resulta imposible calificar como democráticos a los gobiernos que desde la fundación de la República han venido sucediéndose en el control del poder político que la rige.
No puede dárseles ese calificativo porque nunca han dirigido la nación de acuerdo con las expectativas, el querer y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que la conforman, ni ha sido democrático el modo de elegirlos, ya que es inveterada la costumbre de tener como mayoría ciudadana a cualquier minoría con mayor número de votos que los de la otra minoría u otras minorías con las que compite; siempre han aparentado desconocer que la verdadera mayoría ciudadana es la que se integra, por lo menos, con la mitad más uno de los ciudadanos inscritos en el censo electoral.
La verdad que en la actualidad permanece oculta o hábilmente disimulada por la acción de la publicidad interesada en sostener el régimen oligárquico y plutocrático, es el hecho innegable de que la ausencia de democracia tiene origen en la estructura y en el modo de funcionamiento del Estado, así como en las formas de organización política de la nación, los cuales se han establecido por las sucesivas constituciones políticas que han regido desde el comienzo de la República hasta el tiempo presente.
El ocultamiento de esa verdad se hace para engañar a los electores y para seducirlos a votar en la creencia de que van a remediarles las inequidades que les afectan o a solucionarles las dificultades que les someten a condiciones deficientes en la calidad de vida y les sitúan muy lejos de las posibilidades de alcanzar un mínimo de bienestar.
La confianza de los electores en la obtención de mejores condiciones de existencia como consecuencia de la elección de los candidatos a la presidencia de la República o a las corporaciones de representación popular, cualquiera sea el partido al que pertenezcan, sin distinción entre políticos de la Plutocracia o de los que se autodefinen como defensores de los trabajadores y de las clases desfavorecidas por la fortuna, resulta montada en el engaño con el que se les oculta la imposibilidad de alcanzar esas mejores condiciones sin que antes se efectúe el cambio institucional hacia la verdadera democracia, en el cual sea jurídicamente posible que los órganos del poder público realicen fiel y exactamente lo que ordene el mandato de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Todos los políticos participantes como candidatos en busca de cargos de representación popular o de la jefatura del Estado saben que en las circunstancias determinadas por las instituciones de la actual Constitución Política, del mismo modo que en el pasado con las anteriores constituciones, el gobierno de esta nación no puede solucionar los problemas de la gran mayoría de los habitantes; para lo único que están muy bien acondicionadas esas instituciones es para favorecer los intereses de los más ricos y de los poderosos grupos económicos nacionales e internacionales.
La imposibilidad de gobernar en sentido diferente al que lleva a ese favorecimiento proviene de la obligatoria manera de funcionar el aparato del Estado y de las arraigadas costumbres que se usan para conformar el poder político y para ejercer la política. De acuerdo a esos modos de funcionamiento y a esas costumbres se han desarrollado circunstancias que contribuyen al sostenimiento del régimen de la Plutocracia y aseguran su perdurabilidad.
Así pues, en el ejercicio de la política no tiene valor alguno lo que siente, lo que piensa, lo que necesita o lo que desea la gran mayoría de los ciudadanos, ni tienen importancia sus opiniones políticas individuales, ni la coincidencia de esas opiniones, aunque sea muy grande el número de los individuos que coincidan y puedan llegar a conformar una muy extendida opinión colectiva. Por encima de esos sentimientos y de esas opiniones sobresalen y se destacan las espectaculares exhibiciones, habilidosamente preparadas, de los dirigentes políticos que sean lanzados a la admiración del público con toda la pompa de los elogios que los haga figurar como los más sabios y los mejor dotados de cualidades y aptitudes para el gobierno.
Ese predominio es obra de costosas campañas publicitarias que ponen lejos de la posibilidad del ejercicio de la política a los ciudadanos poseedores de modestos patrimonios, para conseguir el cambio institucional que permita obtener las soluciones que la mayoría de los habitantes espera, pues es evidente que sin la propaganda electoral y sin los recursos para obtener los servicios de los medios de comunicación masiva no pueden aparecer ante los electores con el mensaje de sus agrupaciones políticas.
La intervención de los negociantes en la financiación de los gastos de publicidad de los candidatos que puedan conseguirla tiene el carácter de calculadas inversiones para la obtención de jugosas ganancias en los contratos con la administración pública o en los beneficios que podrán recibir con leyes que les favorezcan o con actos de la administración pública que igualmente les faciliten la rápida obtención de lucro, sin importar que las inequitativas consecuencias resultantes perjudiquen a la mayoría de la población.
Por tanto, la financiación particular de la publicidad electoral tiene el efecto pernicioso de poner en las manos de los negociantes el control del ejercicio de la política; de ese modo, los políticos con más opción de salir elegidos serán los que tengan más abundantes recursos económicos para los gastos de publicidad y los partidos que avalen esa clase de candidatos serán los que mayor número de candidatos podrán colocar en los puestos de las corporaciones de elección popular.
Asimismo, en la elección de presidente de la República el partido o la coalición de partidos mayormente financiados en los gastos de campaña electoral inevitablemente tendrán asegurado el triunfo del certamen y la ganancia de sus beneficios.
Realizadas las elecciones y definidos los titulares de los cargos de elección popular llega la oportunidad en la que los inversionistas de las empresas electorales pueden recaudar los dividendos; para esa finalidad exigen participación en las actividades de gobierno y en la dirección de las mismas, de tal manera que todo el principal funcionamiento del Estado se desarrolla en consonancia con sus conveniencias e intereses. Ese es el punto del proceso político en donde quedan hundidas todas las expectativas y esperanzas de millones de ciudadanos que conforman la gran mayoría de los electores y ahí se hace visible el lugar por donde fluyen las fuentes de la corrupción.
Aunque estas circunstancias no pueden ser desconocidas por los políticos presuntamente considerados defensores de los trabajadores y de las clases desfavorecidas por la fortuna, todo parece indicar que no las tienen en cuenta cuando organizan partidos políticos y lanzan candidaturas para toda clase de cargos de elección popular, incluido el de presidente de la República. Esos políticos dan por sentado que el lanzamiento de sus candidaturas es la mejor estrategia para la participación en política y que la obtención de puestos en las corporaciones de elección popular, así sea en ínfimas condiciones minoritarias, o que la figuración entre los pretendientes de la presidencia con exigua y lastimera votación, son pasos decisivos hacia “la conquista del poder”.
Quienes así actúan, al parecer no comprenden que las ilusiones creadas con sus promesas y las esperanzas infundidas a quienes en ellos confían y son inducidos a votar, apenas son decepcionante entretenimiento y desgaste inútil sin resultado alguno, causante de la confusión y del desánimo en los electores respecto de la democracia y que detrás de esas ilusiones muy frecuentemente van agazapadas muchas ambiciones de astutos buscadores de oportunidades para el lucro, los cuales ven la ocasión propicia para financiar los gastos de publicidad de algunos de esos candidatos e impulsar sus pretensiones, consiguiéndoles los votos, para tener después la prerrogativa de obtener ganancias con la participación política y administrativa de sus protegidos en algunas pocas posiciones de la administración pública.
Los partidos del Pueblo que verdaderamente quieran llegar al modo de gobierno democrático donde la sociedad sea dirigida conforme a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, tendrán que dejar el ingenuo y pernicioso juego de los caudillismos, de los gamonalismos, de los clientelismos y de la búsqueda de puestos en el Estado. De manera diferente, tendrán que dedicarse a instruir a la población en el conocimiento de lo que es la ciudadanía, el poder político del ciudadano, el poder político del Pueblo, lo que es la democracia, cuáles son sus fundamentos y para qué sirve, con la finalidad última de unir a la gran mayoría de los ciudadanos en una gran corriente de opinión que consiga, dentro de las vías jurídicas establecidas, la creación de una nueva Constitución Política en la que se modifique toda la estructura y funcionamiento del Estado, instaurando el auténtico gobierno del Pueblo, vale decir, la democracia.
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