Lo primero que está visible en el panorama sociopolítico de la nación colombiana es la división de la totalidad de la ciudadanía en dos clases o estratos: la clase dirigente y la clase gobernada; la primera, en el plano superior, aparece superpuesta a la segunda.
La clase dirigente está conformada por un exclusivo conjunto de ciudadanos y habitantes que desarrollan actividades de dirección social, económica, cultural y política, determinantes de las condiciones de vida de quienes hacen parte de la clase gobernada. Esa clase existe desde la fundación de la República; desde entonces ha sido dueña del poder político, por ser éste el instrumento esencial para el ejercicio del gobierno.
La gran mayoría de los ciudadanos de este país no tiene poder político. Solamente tiene poder político el muy reducido grupo de ciudadanos que pertenecen a la clase dirigente, la cual está compuesta por dos estamentos: el económico y el político. En el estamento económico se concentran los propietarios de la mayor riqueza del país y en el estamento político se asocian las familias de los profesionales de la política que se ocupan de los asuntos públicos con el fin de servir y proteger los intereses del estamento económico que los patrocina.
El estamento económico es el actor principal, el dominante, y el que más se beneficia de la relación con la clase gobernada. El estamento político solamente es el gestor que interviene en esta relación como agente favorecedor de los intereses del estamento económico, pero obra en el manejo del poder del Estado simulando que procura el bien común y representa la voluntad del Pueblo.
A su vez, la clase gobernada se integra con la enorme mayoría de ciudadanos y habitantes que trabajan en las más variadas profesiones, oficios, artes y ocupaciones; unos de modo independiente y otros en la condición de empleados o como medianos o pequeños empresarios, o en la condición de rentistas, pensionados o desempleados; todos son los sujetos pasivos de la acción política y de la acción de otras actividades de dirección; asimismo, todos tienen la común característica de no realizar operaciones o tareas influyentes en la dirección de la economía o del gobierno de la organización social.
La existencia de estas dos clases en la estructura organizativa de la nación demuestra que desde la Independencia el régimen de gobierno siempre ha sido el de Oligarquía Plutocrática, totalmente opuesto al régimen de la Democracia. En la teoría política se da el nombre de Plutocracia al gobierno de los ricos y el de Oligarquía al gobierno ejercido por un reducido grupo de personas pertenecientes a una misma clase social.
Los dos estamentos que componen la clase dirigente se caracterizan por tener, cada uno de ellos, un común estilo de vida o una análoga función social; el estamento político siempre está visible como agente activo de dirección política, social y cultural; el desarrollo de su actividad gira alrededor de la oculta finalidad de poner el ejercicio del poder político al servicio del estamento económico en la función de expedir las leyes, las ordenanzas, los acuerdos y los presupuestos y en la de encaminar hacia el beneficio del estamento económico la contratación pública, la burocracia oficial y el funcionamiento de la administración pública. Los mencionados servicios son la obsecuente correspondencia a la facilitación de recursos que el estamento económico hace para la financiación de las campañas publicitarias con las que se hacen elegir los integrantes del estamento político.
Dentro de un régimen de Oligarquía Plutocrática, como el vigente en Colombia, los pocos grandes propietarios de capital son la minoría exclusiva que por la sola capacidad de su poder económico tiene la facultad rectora de la economía de la nación y junto con esa facultad tiene el carácter de estamento económico de la clase dirigente. Los demás propietarios de capital que no pueden clasificar dentro de esa élite son subordinados y dependientes de ella en el giro de sus negocios, además de que, sin importar el muy alto nivel de propiedad de capital que tengan, permanecen dentro de la clase gobernada.
Aquí cabe anotar que el estamento económico también participa en actividades de dirección social y cultural pero la mayor parte de las veces no aparece como dirigente, prefiere permanecer disimuladamente distanciado del poder político que las realiza, no obstante ser el beneficiario del ejercicio de la actividad política y el verdadero gobernante de la nación. La realidad fáctica también indica que, con muy pocas excepciones, los ciudadanos integrantes del estamento político son originarios de la clase gobernada, no obstante que gran parte de ellos pertenecen a familias propietarias de riqueza, que los ubica en el nivel socioeconómico medio alto.
El estamento político, casi en su totalidad, también ha sido una minoría exclusiva de ciudadanos a la cual solo ingresan quienes pueden ganar la confianza del estamento económico mediante muy buenas referencias y la condición de estar sujetos al compromiso de obrar en el ejercicio del poder político favoreciendo los intereses del estamento económico. Los aceptados disfrutan ampliamente de la facilidad de usar recursos para la publicidad y la realización de las costosas campañas electorales, con lo cual tienen todas las posibilidades de ser elegidos y reelegidos.
En desarrollo de ese designio se dedican a conseguir votos para alcanzar posiciones políticas donde tengan acceso al manejo de los presupuestos, de la contratación y de la burocracia del Estado, incluidas las entidades territoriales; de esa manera tratan de hacerse elegir en las corporaciones de representación popular, como el Congreso de la República, las Asambleas Departamentales o los Concejos Distritales y Municipales, o hacerse elegir en los cargos administrativos de elección popular, como las Gobernaciones y las Alcaldías. El modo de hacerlo es el de organizar maquinarias electorales que congregan clientelas políticas, haciendo promociones y mercadeo de votos, con procedimientos similares a los que acostumbran los comerciantes.
Otros grupos minoritarios, igualmente procedentes de la clase gobernada, también tratan de participar en la política, son los integrados por ciudadanos coincidentes en la desaprobación y el rechazo al manejo que la clase dirigente da a la economía y a los asuntos de interés público y social de mayor trascendencia, como son los del trabajo en los aspectos de salarios, condiciones laborales, prestaciones sociales y desempleo, los asuntos de seguridad social, los de la salud, los de la educación, la vivienda, el transporte y los servicios públicos domiciliarios. Por medio de críticas y reclamaciones procuran formar corrientes de opinión que motiven la organización de partidos políticos que se comprometan a modificar el modo de gobierno y de administración que originan la desatención, las faltas y deficiencias en los asuntos arriba mencionados, las cuales consideran como directa causa de los perjuicios, del malestar, de la pobreza y de la indigencia en la que vive la mayor parte de los habitantes pertenecientes al estrato gobernado.
Desafortunadamente, los partidos que se forman para alcanzar las finalidades de bien común, arriba mencionadas, no han podido entender que no será posible conseguirlas mientras no se cambie la Constitución Política vigente por otra que sea verdaderamente democrática, en la que la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos sea la que gobierne para dirigir la economía de la nación hacia el objetivo de lograr que todos los habitantes puedan satisfacer sus necesidades básicas y culturales. Las instituciones de la Constitución vigente no han sido establecidas para esa finalidad; así pues, hasta que no sean modificadas será infructuoso cualquier esfuerzo electoral que se haga para elegir funcionarios que no tendrán instrumentos jurídicos con los que puedan realizar sus promesas.
Por esta causa, esos partidos son infiltrados por los negociantes buscadores de posiciones políticas en el Estado; esos negociantes de la política van acompañados de los hábiles cazadores de votos y agentes del mercadeo político, especialmente cuando se aproxima la época de elecciones; aunque aparentemente hacen crecer a los partidos a los que ingresan, los desvían de su original finalidad, los desnaturalizan y los convierten en otros instrumentos más al servicio de intereses personales. En esa condición solo sirven para realizar la infructuosa tarea de distraer y dividir la capacidad electoral de la clase gobernada, como lo hacen los partidos tradicionales, impidiendo que se llegue a conformar la mayoría ciudadana que establezca la democracia.
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