En los años finales del Siglo XVIII, cuando comienza la Edad Contemporánea, el avance en las ideas políticas está representado por la derrota de la muy antigua idea del derecho divino de los reyes y por la entusiasta acogida de la soberanía popular.
Aunque ese adelanto tuvo gran importancia en el Continente Americano por haber impulsado los movimientos de independencia y de reorganización de las comunidades, que entonces surgen como nuevas naciones, no obstante, no obtuvo resultados perdurables en Europa sino el sólo efecto pasajero de la euforia de la libertad y de la igualdad, concomitante con el estallido de la revolución en Francia y la caída del Antiguo Régimen, ya que en el transcurso de pocos años siguientes a esos acontecimientos sobrevino el temor a la contrarrevolución, de tal manera que indujo a los dirigentes políticos de esa nación a tomar desesperadas decisiones que la precipitaron por la senda de los abusos del poder, de la violación de los derechos humanos y de la negación de las libertades.
Así, la concurrencia de varias circunstancias sociales, políticas y económicas contribuyeron a reducir al mínimo los efectos inmediatos de las ideas de la soberanía popular en Francia y en Europa, dejándolas convertidas en un acervo cultural remanente que habría de resurgir con la evolución de los pueblos en posteriores siglos.
De igual manera, en las nuevas naciones americanas las ideas de la soberanía popular sufrieron la tergiversación que las llevó a servir de falsa imagen de la democracia y de la libertad. Aún hoy esa falsa imagen es continuamente utilizada para disimular los verdaderos rasgos de los regímenes que se ponen en vigencia, copiados de los antiguos gobiernos del Viejo Mundo, esto es, de las monarquías, de las aristocracias o de las oligarquías, todas caracterizadas por la monopolización del poder político por un solo individuo o por unos pocos.
La tergiversación de las ideas de la soberanía popular se ha operado a través del sistema de representación de la voluntad del pueblo y ha prosperado a expensas de la pobreza y de la ignorancia de las grandes mayorías de habitantes de las naciones. En muchas de ellas el derecho a elegir los representantes del pueblo y los gobernantes, mediante el voto, empezó sujeto a la limitación de su ejercicio solo para los que tuvieran cierto grado de conocimientos o que por lo menos supieran leer y que, además, fueran propietarios de predios o comprobaran ingresos mínimos en cuantías determinadas.
En lo concerniente al derecho a ser elegido, ese derecho también empezó limitado a los “notables” o “principales” de las ciudades o de las divisiones regionales de las naciones, siempre que se distinguieran por ser acaudalados propietarios terratenientes o altos jefes militares o jerarcas de la iglesia.
En esas circunstancias la mayoría de los nacionales no tenía derechos políticos, no podía elegir representantes, en tanto que sólo podían ser elegidos unos pocos privilegiados, produciéndose el efecto de que el poder político estaba a entera disposición de los que se hacían elegir por los pocos electores.
Lo más insidioso de ese sistema de representación consistía en que la fingida soberanía popular se radicaba en los aparentes representantes y en los gobernantes elegidos. Así, mediante esa farsa democrática, llena de simbolismo y fantasía para el imaginario popular, se revestía con el poder del Pueblo a quienes de hecho lo detentaban por la fuerza de las armas o de la riqueza.
Con algunas variantes, la misma tergiversación subsiste en la actualidad en las naciones americanas y en muchas otras de los demás continentes, causando el mismo daño a la función política y a la imagen de la soberanía popular y, por tanto, a la democracia. Por este motivo se hace necesaria una cuidadosa observación del concepto de soberanía popular y precisar cuáles deben ser las condiciones sociales, políticas e institucionales mínimas que requiere para alcanzar la plenitud de los efectos transformadores de las condiciones de vida de los habitantes de una nación.
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