Otro de los rasgos característicos del poder público será el de estar sujeto al principio de legalidad. Por la circunstancia de ser una facultad jurídica que estará regulada por las normas de la Constitución Política y del ordenamiento jurídico, estará obligado a desenvolver toda su actividad dentro del marco y el medio de esas normas.
Así acontecerá todas las veces que el Pueblo exprese su mandato para el gobierno y elija a los ciudadanos que quedarán obligados a realizar ese mandato, a cumplirlo fielmente y hacerlo cumplir, convirtiéndolo en leyes que deberán llevarse a efecto en la realización de obras, actos de administración, prestación de servicios públicos y ejecución de tareas y actividades, incluidas las de control sobre los actos de administración, sobre el comportamiento de los funcionarios públicos y sobre el manejo de los recursos fiscales.
La legalidad en la sociedad democrática deberá tener la forma especial de constitucionalidad, que será la conformidad de las leyes con la Constitución Política; pero la forma general de legalidad será la conformidad de los reglamentos, de las resoluciones y de los actos de administración pública con las leyes. Ningún acto del poder público podrá estar por fuera de la legalidad, ni ser contrario a ella; los actos que incurran en el vicio de ilegalidad serán nulos, no podrán producir ningún efecto jurídico, carecerán de valor y de obligatoriedad.
Asimismo, los programas de gobierno que inscriban los partidos políticos con el fin de ponerlos a la consideración de los ciudadanos para obtener el apoyo de la voluntad popular mayoritaria no podrán ser contrarios a la Constitución Política vigente; podrán ser rechazados por vicio de inconstitucionalidad que declare el órgano al cual le asigne competencia la Constitución. No obstante, las propuestas de reforma de la Constitución que propongan los partidos políticos a la consideración de los ciudadanos para obtener el apoyo de la voluntad popular mayoritaria, no podrán rechazarse por ese motivo, siempre que sean presentadas y tramitadas siguiendo los requisitos y procedimientos establecidos en la misma Constitución.
La gran importancia de la legalidad en el gobierno del Pueblo derivará de su utilidad para sostener la vigencia del ordenamiento jurídico y para encauzar los actos de los órganos de todas las ramas del poder público dentro de las finalidades y los objetivos de la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos.
La conducta de los servidores públicos en la ejecución, el cumplimiento y la aplicación de las leyes deberá ajustarse estrictamente al ordenamiento jurídico que emanará de la Constitución Política y de las leyes vigentes; además, deberán obrar de conformidad con las intenciones motivadoras de las leyes, las cuales necesariamente deberán ser las mismas de los mandatos populares que las originen. Por esta razón estarán obligados a hacer todo lo que les ordenan las leyes, nada más de lo que ellas les ordenan, pero nada menos; para ellos no regirá el principio que autoriza a los particulares para hacer todo lo que no está prohibido en las leyes.
Por tanto, en la sociedad democrática la legalidad neutralizará la voluntad individual de los servidores públicos en la ejecución, cumplimiento y aplicación de las leyes, dejando que fluya en su plenitud la voluntad soberana del Pueblo, haciéndola pasar a través de la mente y de las expresiones físicas de aquellos funcionarios, para ejecutar sobre la realidad social los actos que esa voluntad soberana se haya propuesto llevar a efecto.
De esta manera se evitará que se desnaturalice la voluntad soberana del Pueblo quedando suplantada o burlada por la voluntad individual de los servidores públicos cuando, en el ejercicio de sus funciones, ellos hagan intervenir sus motivaciones o su propia manera de concebir las finalidades de los actos de la función pública.
Igual efecto ocurrirá respecto al deber de los representantes populares en el órgano legislativo del poder público, en lo concerniente a la legalidad que requiere la elaboración de las leyes. Este deber les obligará a convertir en leyes, sin ninguna demora, todo el contenido del programa de gobierno con el cual los hayan elegido, haciendo otras leyes nuevas o modificando las anteriores, teniendo especial cuidado de expresar en el texto de esas normas la cabal intención y las finalidades con las que fue redactado el respectivo programa de gobierno.
La lealtad a la intención y voluntad del mandato del Pueblo será un requisito de constitucionalidad de las leyes que, como ya se ha dicho, será una forma especial de legalidad; este requisito tendrá la enorme importancia de asegurar que la voluntad del Pueblo sea respetada, acatada y cumplida como voluntad de gobierno, evitando que sea suplantada o tergiversada o desviada u omitida y, finalmente, burlada.
En el caso de omisión en el cumplimiento del deber de redactar las leyes no podrá hablarse de vicio de inconstitucionalidad, dada la circunstancia de la no existencia de las leyes, pero sí existirá una grave falta de fidelidad al cumplimiento del mandato del Pueblo, la cual deberá originar una responsabilidad no solamente política sino, más que eso, de carácter penal.
La legalidad es diferente de la legitimidad. La condición de legitimidad asegurará que el resultado de la elección del programa de gobierno y de los ciudadanos que deberán realizarlo sea conforme a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Para ese efecto se establecerá como medida mínima de esa mayoría que esté conformada por los votos favorables de, por lo menos, la mitad más uno del total de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. No será la mayoría de votos que obtenga uno de los partidos o una de las coaliciones de partidos, comparada con los votos que obtenga cada uno de los otros partidos o cada una de las otras coaliciones de partidos, sino la mayoría de votos que se obtenga entre el total de los ciudadanos registrados en el censo electoral.
Así, la elección para el gobierno tendrá mayor legitimidad en la medida en que el número de ciudadanos que la apoyen se acerque a la totalidad, por la circunstancia de que esa aproximación indicará el mayor acuerdo entre ellos. No obstante, nunca podrá esperarse la unanimidad, si se tiene en cuenta que una elección entre ciudadanos plenamente libres y conscientes de los motivos de su decisión, así como puede originar gran cantidad de consensos, inevitablemente ocasionará desacuerdos, aunque sean muy pocos y, por tanto, la unanimidad podría ser sospechosa de estar influida por algún tipo de fuerza física o temor.
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