La gran mayoría de la población pobre de Colombia, habitante de las ciudades y del campo, no vive en las condiciones que merecen los seres humanos. Esa situación se origina en la falta de oportunidades de trabajo, la cual les impide obtener los ingresos monetarios necesarios; pero, la mayoría de las veces en la muy baja remuneración salarial que se agrava por la constante alza de los precios de los bienes y que, a su vez es causada por la continua desvalorización de la moneda. También se origina en la carencia de vivienda digna; en los no existentes o malos y costosos servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas y transporte; en la falta de atención o en la pésima atención de la salud; en la mala e insuficiente educación y capacitación laboral o profesional; en los altos impuestos a los contribuyentes de la clase media y en la inseguridad originada por la delincuencia.
Esas pésimas condiciones del modo de vivir no son causadas por la carencia de recursos naturales, ni por la aversión de los habitantes al trabajo y al esfuerzo para superar las deficiencias. No siendo esas las causas, aquellas condiciones pueden ser corregidas o suprimidas definitivamente por la acción diligente de gobiernos que realicen los actos necesarios de organización social para lograrlo. Pero eso no ocurre, ni será posible que ocurra mientras esta nación siga bajo el gobierno de la Oligarquía, en el cual el estrato político sirve sumisamente al sostenimiento de los privilegios de los que acumulan la mayor parte de la riqueza del país.
En este tipo de gobierno se hace posible y muy fácil que una muy escasa minoría de habitantes propietarios de riqueza, obrando motivada por el excesivo egoísmo, acumule mucha más riqueza y la aumente en el afán de asegurar únicamente para ella y para sus descendientes el máximo provecho personal y el sostenimiento de su poder y de sus privilegios. Una parte de esa minoría está conformada por el estrato político que usufructúa el poder político y crea las condiciones más favorables para que la otra parte de esa minoría, conformada por el estrato económico, integrado por los grandes dueños del capital colombiano y los representantes del capital extranjero, obtenga las máximas ganancias de la función económica; esta otra parte es la que financia las campañas electorales del estrato político.
El gobierno de la Oligarquía existe en este país desde el comienzo de la República, originado en el predominio de las castas regionales que derivaron su poder del dominio de enormes latifundios heredados de los conquistadores y de los colonizadores españoles o de las recompensas repartidas a los participantes en el mando de las tropas que lucharon por la Independencia. En aquellas familias y en otras que fueron alcanzando gran riqueza por los medios propicios del comercio y los negocios, se ha venido concentrando el poder económico y lo han desarrollado socialmente en la forma de poder político para impedir que la gran mayoría del pueblo pueda participar en el ejercicio de ese poder y en la organización de la vida social de la nación en condiciones de libertad, igualdad, solidaridad y de equidad, dentro de un orden que se fundamente en los derechos humanos.
La Oligarquía ha conservado hasta la actualidad, por tradición, el dominio sobre el manejo de la economía y sobre el manejo del poder político; lo ha hecho también de manera formal mediante la expedición de constituciones políticas con las que organiza la administración pública y da origen a ordenamientos jurídicos con los que aparenta la existencia de un Estado de Derecho fundamentado en la democracia representativa y orientado hacia la conquista del bien común, pero en la realidad esas constituciones y esos ordenamientos no son más que los mascarones encubridores del modo con el que se protege ilimitadamente la libre acción de los más ricos para aumentar su riqueza a costa del mayor empobrecimiento de los pobres.
La tal democracia representativa es el vistoso montaje de la farsa electoral para escoger a los integrantes del Congreso y al Presidente de la República, así como a los gobernadores de los Departamentos y a los alcaldes de los Municipios y de los Distritos, a los diputados de las Asambleas Departamentales y a los concejales municipales y distritales. No es exagerado llamar farsa a ese costoso espectáculo porque los pocos que acuden a votar, contrariando las reiteradas abstenciones que sobrepasan el índice del 60%, acuden en su gran mayoría engañados por la desinformación de los medios masivos de comunicación, o seducidos por los halagos, los obsequios, las promesas de beneficios personales o la compra del voto, cuando no son amenazados o compelidos por la fuerza. Y no es democracia porque el hecho de elegir por medio de los votos a unos ciudadanos para que gobiernen como ellos quieran, no es más que la renuncia al ejercicio del poder político del Pueblo, entregándolo o vendiéndolo a los políticos que lo sonsacan o lo compran. Mucho menos puede denominarse representativa esa enajenación de la soberanía del Pueblo, porque desde el momento de la elección los elegidos ejercen, según sus personales conveniencias, el poder político que antes pertenecía a los electores, sin tener en cuenta la voluntad o las expectativas de esos electores.
Las elecciones en las que los integrantes del estrato político se hacen dueños del poder político son muy costosas debido al enorme despliegue de publicidad y de señuelos utilizados para motivar, inducir o impeler a los posibles electores y mediante sucesivos y renovados engaños disminuir la abstención y sostener la confianza de los ciudadanos. Esa circunstancia desnaturaliza lo que en principio debiera ser el acto cívico por excelencia de escoger la voluntad política mayoritaria del Pueblo; de modo contrario, lo convierte en un costoso negocio en el que solo se benefician los que mayores capitales invierten y los intermediarios que representan la farsa de la democracia.
El muy cuantioso costo de las campañas políticas de los candidatos imposibilita la participación de los que no tengan los recursos para sostenerlas; por esta razón, los únicos que tienen acceso a las competencias electorales son los que obtienen la confianza y el apoyo de los inversionistas de capital, los cuales, de esa manera compran la facultad de imponer su voluntad sobre el comportamiento de los candidatos que resulten elegidos y así pueden obtener la máxima favorabilidad en los contratos con la administración pública y en el contenido y la orientación de las disposiciones legislativas y reglamentarias, de manera que les ofrezcan las mejores oportunidades de aumentar sus ganancias y la exclusiva prosperidad de sus empresas y corporaciones.
El modo de elegir a los que se supone son los representantes del Pueblo, así como al presidente de la República en la condición de suprema autoridad administrativa y a los demás directores de las administraciones públicas seccionales y locales está instituido en la Constitución Política vigente y en el ordenamiento jurídico que de ella depende; asimismo, en esta Constitución están diseñadas la estructura y las funciones del Estado colombiano de manera que las leyes, la administración pública, la administración de justicia, el control fiscal y hasta del control disciplinario de los funcionarios públicos toleren el tratamiento favorable a los negocios de los grandes capitales, en perjuicio de la atención a las necesidades vitales de la gran mayoría de los habitantes del país.
Por tanto, es un ilusorio optimismo pretender que se puedan suprimir las pésimas condiciones de existencia de la mayoría de los habitantes de Colombia por el solo hecho de crear un movimiento político que tenga como única finalidad de acción política la de obtener algunas posiciones en el Congreso, o la de lograr la presidencia de la República, sin tener como objetivo primordial el de conseguir la expedición de una nueva Constitución Política que sea auténticamente democrática.
De modo contrario, el proyecto político verdaderamente realista y eficaz, que puede conseguir las mejores condiciones de existencia para la mayoría del Pueblo colombiano, será el que consiga unir a esa mayoría alrededor de la finalidad primordial de crear la nueva Constitución Política donde se instituya el modo de gobierno en el que las leyes expresen fielmente los mandatos de la mayoría de los ciudadanos y se establezcan los instrumentos jurídicos que hagan posible el acatamiento y el respeto a esa voluntad política mayoritaria.
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