La observación de las partes que componen el conjunto de habitantes de la nación colombiana es el punto más revelador de la realidad social, que sirve de fundamento para describir los criterios de interpretación de esta realidad.
Lo más evidente del mencionado conjunto es que no está formado por elementos iguales; salta a la vista de modo claro que las varias partes en las que se divide la totalidad de la población viven en condiciones desiguales y que por esta causa, así como por las grandes diferencias en el número de habitantes que integran las varias partes, la estructura del conjunto social no es uniforme.
Las condiciones de existencia desiguales se manifiestan en grandes deficiencias en la satisfacción de las necesidades básicas y culturales de la mayoría de los habitantes, las cuales son causa de malestar, conflictos, ruptura de la convivencia, desequilibrio en las relaciones humanas, aparición e incremento de la delincuencia y de la inseguridad, así como continua y grave perturbación de la paz y del orden.
La circunstancia de existir esas desiguales condiciones de vida en las varias partes componentes de la población también pone de manifiesto que la gran mayoría de los habitantes está sometida a esforzarse por subsistir dentro de esas muy inferiores condiciones. Por tanto es necesario examinar cuáles son los criterios que se aplican a esa evidencia.
El criterio tradicional sostiene que la supresión de la inseguridad, la conservación de la paz y del orden son deberes del Estado que facultan a los gobernantes para desarrollar las acciones de represión y de prevención que consideren necesarias, al igual que son deberes que facultan a los jueces para castigar a quienes cometan delitos. También afirma que el Estado nada tiene que hacer para corregir las circunstancias causantes de las deficiencias para subsistir que tengan los habitantes que se encuentren en condiciones de inferioridad respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas y culturales, o aliviárselas. Además, argumenta que la desigualdad social siempre ha existido desde la remota Antigüedad y que al Estado no le corresponde intervenir para modificar la universal y secular condición de la desigualdad social y de la inferioridad de las clases desvalidas de la fortuna. Explica que el alivio de algunas de las deficiencias causantes de esas condiciones de inferioridad social no es asunto de competencia de las leyes ni del gobierno o de la administración pública sino actividad voluntaria de los particulares que estén motivados por razones o sentimientos de moral o de religiosidad.
De manera contraria, el criterio de la sociedad democrática no desconoce que desde la Antigüedad las naciones han sido organizadas por el poder que se apoya en el uso de la fuerza, pero afirma que no obstante esa tradicional manera del ejercicio del poder, las sociedades del futuro lograrán ser organizadas por medio del Derecho mediante el acatamiento de la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos. Los derechos fundamentales que tendrá todo ser humano durante todo el tiempo de su existencia serán los poderes que la sociedad le reconocerá de manera igualitaria a todos los habitantes de su territorio con el fin de garantizarles y protegerles el ejercicio de su libertad, para que puedan dar satisfacción a sus necesidades básicas y culturales.
Así pues, la característica esencial de la sociedad humana consistirá en organizar el modo de existencia de los individuos que la integran para que todos puedan conseguir esas satisfacciones y consecuentemente se supriman las desigualdades y el estado de inferioridad de grandes sectores de población; de esa manera se alcanzará la directa consecuencia de eliminar la causa de los conflictos, de la beligerancia, del desorden, de la inseguridad y de la delincuencia.
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