Las pésimas circunstancias sociales, económicas y políticas en las que actualmente se encuentra la nación colombiana hacen pensar que la gran mayoría de ciudadanos, conformada por los que no son parte del gobierno de la Oligarquía Plutocrática ni están vinculados al clientelismo de la clase política, tiene los mayores motivos para impedir que la Oligarquía siga siendo el modo de gobierno y por tanto, debe aprestarse para realizar el cambio en la titularidad del poder político, por la vía pacífica y electoral.
Es bien conocido que bajo ese tipo de gobierno solamente la muy limitada minoría de poseedores de la mayor parte de la riqueza acumulada en el país dirige la organización de la economía según sus conveniencias, para la exclusiva finalidad de obtener las mayores ganancias y sacar el máximo rendimiento, únicamente para ella, sin dar ninguna importancia ni atención a las necesidades vitales de los demás habitantes, como si estos no existieran, o como si no fueran seres humanos a los que la Constitución Política les reconoce los derechos que les garantizan la vida y las condiciones básicas de subsistencia y bienestar.
Tampoco es un secreto que tan peculiar manera de organizar la economía la realizan por medio de la clase política; a esta clase le financian los gastos de las campañas electorales con las que consigue los votos de sus clientelas y de esa manera la conservan a su servicio, obteniendo que los elegidos de cualquiera de los partidos, tendencias, disidencias partidistas, o agrupaciones sociales, cuando accedan a las posiciones de la supuesta representación popular, o de gobierno, actúen en el ejercicio de las funciones siempre de modo favorable y protector los intereses de sus patrocinadores.
Esas circunstancias indican, sin lugar a dudas, que en el gobierno de la Oligarquía el poder político está monopolizado por la clase política para consolidar el absoluto predominio de los propietarios de los mayores capitales. En Colombia la clase política siempre ha gobernado mediante el monopolio del poder político; esa clase aunque aparenta representar las diversas expectativas e intereses en las que se agrupan las diferentes voluntades políticas colectivas de los ciudadanos para competir por el poder, en la realidad solamente cumple y hace cumplir las expectativas de sus financiadores y únicamente protege y favorece los intereses y conveniencias de aquellos.
Pero en la actualidad, el conocimiento de la verdadera causa de las pésimas condiciones de existencia que padece la gran mayoría de los habitantes de Colombia también lleva al conocimiento del modo más eficaz de suprimirlas y cambiarlas por las que sean más favorables para todos. Por virtud de los avances en la tecnología de las comunicaciones ese conocimiento está al alcance de la gran mayoría de ciudadanos de las clases media y pobre que no son parte de las clientelas de la clase política y, casi en su totalidad, son abstencionistas electorales. Asimismo, ese conocimiento puede alcanzarlo el gran número de ciudadanos que han votado engañados por las empresas electorales de la clase política y por las que fingen oponerse a ella, autodenominándose partidos democráticos o simulando ser demócratas o redentores de los pobres.
Por tanto, para difundir ese conocimiento será necesario comenzar por crear conciencia de que pacíficamente, por la vía electoral, se puede sacar del dominio del poder político a la tradicional clase política e impedir que ocupe, maneje y dirija los órganos de todas las ramas del poder público y que siga ejerciendo el absoluto control de la función administrativa, fiscal y disciplinaria, como lo hace en la actualidad.
Buena parte de ese conocimiento debe servir para que la gran mayoría de los ciudadanos no se deje llevar por los antiguos y nuevos proyectos políticos que de manera solapada únicamente se proponen satisfacer en sus ambiciones burocráticas y de enriquecimiento a quienes los dirigen, por medio del manejo de los presupuestos y de los contratos; esos aparentes reformadores y anunciadores de cambios solo quieren mantenerse indefinidamente como minorías políticas, para hacer “la oposición democrática” o simular que la hacen, mientras disfrutan de los privilegios que favorecen a los integrantes de la clase política.
Pero no será suficiente el relevo de los políticos que ocupan los puestos de dirección y de funcionamiento de los órganos de todas las ramas del poder público y de todos los órganos de control del Estado, porque lo esencial del problema está en el modo de obtener y de ejercer el poder político, que en la actualidad es igual al muy inveterado modo como lo han obtenido y ejercido.
Esos modos son muy diferentes de lo que el texto de la Constitución Política establece diciendo que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, con lo cual da a entender que cada uno de los ciudadanos tiene poder político individual originado en el derecho de elegir y ser elegido y que ese poder, por el hecho de ser ejercido colectivamente, llega a ser la fuente del poder político del Pueblo, jurídicamente conocido con el nombre de soberanía del Pueblo.
Pero en Colombia el ejercicio del derecho a elegir no origina el poder político del Pueblo porque la misma Constitución hace posible y facilita la desviación de los poderes políticos individuales de los ciudadanos para cederlos a la clase política a través del artefacto de la “democracia representativa”, en el cual los ciudadanos enajenan sus poderes políticos individuales mediante la venta del voto por algunos pocos pesos o a cambio de comida, bebidas embriagantes, artículos electrodomésticos, diferentes tipos de bienes, o se lo dejan sonsacar con promesas, halagos u ofertas de beneficios, privilegios o tolerancia de lo que es contrario a las leyes.
En el mercadeo de votos, los ciudadanos vendedores de su poder político individual son la clientela de los políticos y estos, en su condición de compradores, se convierten en propietarios de ese poder, el cual se cuantifica en el número de votos comprados.
La Constitución Política da a los propietarios del poder político adquirido en la farsa electoral el tratamiento de titulares de la soberanía del Pueblo, considerándolos como sus legítimos representantes; en esa condición legislan y realizan las funciones de administración pública, manejan la economía, disponen de los recursos naturales y fiscales, establecen y recaudan impuestos, con la única finalidad de favorecer los intereses de los mayores propietarios de capital, que son sus patrocinadores, sin darle ninguna importancia a las perjudiciales consecuencias que ese modo de gobernar causa para la gran mayoría de los habitantes.
Dadas esas circunstancias no puede esperarse que la solución de los graves problemas que aquejan a los habitantes de esta nación pueda llegar por el lado del cambio de actitud de la avasallada clientela política de los partidos y de las empresas electorales. Esa clientela apenas oscila entre el 30 y el 40% de los ciudadanos registrados en el censo electoral; gran parte de ella no puede liberarse de lo que parece ser la protección que le brindan los políticos influyentes en el gobierno; la necesidad la hace dependiente de la oportunidad que le ofrecen esos políticos, de obtener mediocres ingresos para sobrevivir o de conservar los puestos de trabajo con muy bajas remuneraciones que ocupan en las empresas de los amigos de los políticos, donde estos los recomiendan.
Entonces, la solución solamente puede salir de la voluntad de la gran mayoría de ciudadanos que son abstencionistas electorales, en número que oscila entre el 60 y el 70% de los registrados en el censo electoral; los cuales se ubican mentalmente distanciados del interés en ganar elecciones para conseguir puestos en los empleos del gobierno o en las empresas de los amigos de los políticos. Pero, si existiera la posibilidad de que obtuvieran información confiable podrían interesarse en lograr la expectativa de que se cambie el modo de gobernar con el fin de que la organización de la sociedad y el manejo de la economía se haga para el beneficio de todos los habitantes, por igual, logrando que todos puedan satisfacer las necesidades humanas básicas y culturales, y más que eso, que todos puedan obtener las mejores condiciones de bienestar y alcanzar las metas de progreso individual, dentro del respeto de la libertad, la equidad y los derechos de todos los otros.
La observación imparcial de la realidad indica que no puede esperarse el cambio en el modo de ejercer el poder político mientras dependa de la voluntad de los políticos que sean elegidos para gobernar como mejor o más conveniente les parezca, al igual que ha ocurrido desde la fundación de la República y ocurre en la actualidad bajo el sistema de la “democracia representativa” y el “régimen presidencial” instituidos en la Constitución Política vigente. La seguridad de que efectivamente se realice ese cambio solamente podrá alcanzarse cuando el contenido de los actos de gobierno se origine en la voluntad del Pueblo, por medio del acuerdo de la mayoría de los ciudadanos y cuando las personas que sean elegidas para ocupar los órganos de gobierno y de administración pública estén obligadas a cumplir los mandatos que ordenen la mayoría de los ciudadanos. Esa será la verdadera democracia, el gobierno del Pueblo; la cual deberá ser establecida en la Constitución Política.
Así pues, para llegar a la Democracia y liberar a la gran mayoría de ciudadanos de las pésimas condiciones de existencia en que viven, el camino largo o corto, según la rapidez con la que esa gran mayoría de ciudadanos adquiera conciencia de la necesidad de recorrerlo prontamente y conocimiento de cómo recorrerlo bien, tendrá tres indispensables etapas.
La primera será la creación de la entidad titular de la Democracia, la cual será el Pueblo, parte integrante de la sociedad, de naturaleza política, con voluntad política de hacer el cambio, el cual se integrará por medio de la unión de las voluntades políticas individuales de la mayoría de los ciudadanos registrados en el censo electoral; esa unión será alrededor del acuerdo de obtener la aprobación del texto de la nueva Constitución Política democrática en la Asamblea Constituyente.
La segunda etapa culminará en la fecha de las elecciones de miembros del Congreso de la República, cuando el movimiento político en el que se integre el Pueblo obtenga, por lo menos, las dos terceras partes de las curules en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, con la finalidad de convocar la Asamblea Constituyente.
La tercera etapa culminará cuando el movimiento político del Pueblo obtenga la mayoría en la elección de miembros de la Asamblea Constituyente, equivalente, por lo menos, a las dos terceras partes de ellos y consiga la aprobación del texto íntegro del proyecto de nueva Constitución Política democrática que haya servido de fundamento para la unión de los integrantes del Pueblo.
Desde los puntos de vista de la legitimidad y de la legalidad, cuando el movimiento político del Pueblo consiga el triunfo electoral de obtener la mayoría de las curules de la Cámara de Representantes y del Senado de la República se causará la mutación del Pueblo, hasta entonces ente político, obteniendo también la característica de ente jurídico, exclusivo titular de la soberanía que estará facultado como máxima autoridad; por lo cual su poder político se convertirá en legítima fuente del poder público.
Así, pues, la consigna de “Todo el poder político para el Pueblo” deberá ser la guía de la actividad política para unir las varias corrientes de opinión de los ciudadanos que tienen el ideal común de alcanzar la Democracia y construir una sociedad de seres humanos libres, iguales y solidarios, que convivan dentro de la equidad, los derechos humanos y la Democracia.
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